Producción de megaproyectos de desarrollo en México desde la perspectiva de derechos humanos

Producción de megaproyectos de desarrollo en México desde la perspectiva de derechos humanos

Ponemos a disposición de nuestros lectores el número temático dedicado a la producción de los proyectos de desarrollo e infraestructura en México, un proceso que, hasta la fecha, no se ha analizado sistemáticamente desde la perspectiva de los derechos humanos.

Los artículos de investigación que forman parte de este número se enfocan en los actores estatales y corporativos como sujetos obligados de derechos humanos y también en el lugar especial que tiene la población indígena como grupo vulnerable y afectado por la producción de estos proyectos.

Nuevos proyectos de desarrollo e infraestructura (PDI) a gran escala han surgido continuamente en México, promovidos tanto por los empresarios particulares, como por los servidores públicos, encargados de tomar las decisiones en materia de desarrollo económico y social.

Estos actores forman coaliciones en favor de los PDI, porque esperan considerables beneficios políticos, económicos y sociales de su producción y operación.

Los PDI generan beneficios públicos, para la población de la región beneficiada por el proyecto, y también particulares, para los promotores, tales como los beneficios electorales para los políticos y los beneficios económicos para los empresarios.

Sin embargo, además de los beneficios, los PDI también producen considerables costos e impactos sociales, urbanos y ambientales. La distribución de costos y beneficios genera conflictos, sobre todo cuando el poder político y económico de los promoventes de los PDI es mayor que el poder de los afectados por estos proyectos.

Vistos desde la perspectiva de los derechos humanos, los conflictos generados por la producción y operación de los PDI aparecen como conflictos de derechos de diferentes grupos involucrados, de los beneficiados y de los afectados, de los productores y operadores y de los usuarios.

Como demuestra el artículo de Sofya Dolútskaya que sirve de introducción al presente número, estos conflictos a menudo se deben a que los funcionarios públicos responsables no han sido capaces de sopesar de manera adecuada los derechos humanos de los beneficiarios y de los afectados y que no se diseñaron procesos de información, negociación y resolución de conflictos.

En el ámbito de la producción de los PDI, el Estado no es el único sujeto obligado de los derechos humanos. Como argumentan en sus artículos Mireya Castañeda y Humberto Cantú, hay una creciente presión internacional para que las empresas transnacionales acepten cada vez mayores responsabilidades y obligaciones respecto a los derechos humanos afectados por sus actividades. El debate sobre la extensión y los límites de la responsabilidad empresarial en el ámbito de los derechos humanos es particularmente relevante a la actual situación mexicana debido a las recientes reformas en materia energética y de telecomunicaciones.

Otro aspecto muy actual de la discusión sobre la producción de los PDI en México que recibe una atención especial en este número es la situación de pueblos y comunidades indígenas. Como demuestra el texto de Carlos Brokmann, los conflictos por la producción de los PDI en territorios indígenas se deben en parte a “la mutua incomprensión” de los promotores y los afectados en cuanto a la naturaleza de las relaciones entre la población indígena y su territorio.

La lógica neoliberal de derechos de “propiedad” sobre la tierra y los recursos naturales entra en conflicto con las ideas del patrimonio y de la tenencia de la tierra que los pueblos indígenas de México han ido desarrollando a lo largo de su historia. Mireya Castañeda proporciona ejemplos de la jurisprudencia interamericana que determina la responsabilidad de los Estados nacionales por las acciones de las empresas privadas que han afectado los derechos humanos de las personas indígenas a través de la producción de los PDI.

El artículo de Jaime Bailón destaca la especial vulnerabilidad de las personas indígenas frente al desplazamiento forzado, el fenómeno relacionado tanto con la producción de los PDI, como con la violencia que tiene su origen en los conflictos intracomunitarios, en las disputas por el territorio entre los grupos del crimen organizado y en las acciones estatales para combatir la delincuencia.

Los estudios existentes demuestran que la mayoría de los PDI, tanto en México como en otros países, se produce sin que la sociedad tenga un conocimiento adecuado de cómo éstos se formulan, se autorizan y se producen, o pueda ejercer “control de calidad” de manera sistemática e informada.

El artículo introductorio de Sofya Dolútskaya cataloga las posibles afectaciones de derechos humanos relacionadas con cada etapa de la producción de un nuevo PDI y con las estrategias dominantes de sus promotores. La diversidad de las obras y actividades que entran en la definición de los PDI significa que su producción y operación puede afectar prácticamente todos los tipos de derechos, tanto los individuales como los colectivos.

Esta diversidad también se refleja en la pluralidad de marcos analíticos que se utilizan para el estudio de los PDI y en la ausencia de un coherente marco normativo, La autora propone un catálogo parcial de las leyes federales mexicanas que rigen distintos aspectos de la producción y operación de los PDI y argumenta que los mecanismos clave para la defensa de derechos humanos afectados por estos proyectos están relacionados con los derechos de acceso a la información pública y con la participación en el proceso de toma de decisiones sobre el diseño de los PDI.

En particular, se analizan los instrumentos existentes de acceso a la información pública, la consulta ambiental e indígena y los procedimientos de la evaluación de impactos con base en las leyes mexicanas y también las mejores prácticas internacionales. Los PDI producen impactos tanto ambientales como sociales, pero estos dos tipos de impactos a menudo no se analizan dentro del mismo marco normativo —la autora llama a la creación de un marco de análisis y evaluación más integral.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/rev-DH-26.pdf

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