Los estándares internacionales de los derechos humanos: un sistema de derechos en acción

Los estándares internacionales de los derechos humanos: un sistema de derechos en acción

Con el reconocimiento de las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, así como de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Mexicana se establece un complejo sistema de interpretación, aplicación e implementación de los derechos humanos dirigido a los Poderes Legislativos, Ejecutivos y Judiciales del país.

Se trata de un sistema que pone énfasis en los derechos, pero que también contiene un sofisticado mecanismo para el análisis y la implementación de los derechos y sus obligaciones a partir de ciertos principios que permiten mantener, realizar y avanzar el disfrute de los derechos.

La Constitución reconoce los derechos a proteger y señala un camino a seguir para ponerlos en acción mediante sus obligaciones. Estamos, entonces, frente a los derechos en acción. Los derechos como meras declaraciones no son útiles para asegurar su disfrute, son las obligaciones, entendidas de conformidad con los principios rectores, las que permiten evaluar contextos, casos particulares, políticas públicas, leyes y, en general, toda conducta.

Las normas que establecen los derechos humanos no son autosuficientes, por mucho se trata de normas imperfectas en el sentido kantiano, cuyos significados parecen escabullirse de los intérpretes entre sus constantes contradicciones e indeterminaciones. Incluso, recurrir a la jurisprudencia internacional y comparada a la luz de derechos aislados de sus contextos y obligaciones no aporta más que cierta delimitación.

Sin embargo, es esa misma indeterminación la que permite que la interacción entre derechos y obligaciones rinda fruto para considerar problemas particulares o generales de derechos humanos y ofrecer soluciones adecuadas.

Los principios rectores regulan todo el sistema de derechos en acción, interviniendo para mediar entre las formas en que derechos y obligaciones son leídos, aplicados, implementados e interpretados. Si bien se trata de principios con una fuerte carga política, tienen también efectos legales.

La indivisibilidad y la interdependencia resultan de particular relevancia para el constitucionalismo mexicano: No hay distinción en el trato jurídico que merecen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Asimismo, el principio de progresividad añade un método de evaluación de la actividad estatal frente a todos los derechos, pero especialmente para los sociales. De acuerdo con lo anterior, en lo sucesivo analizaré el sistema de derechos en acción, es decir, la constante construcción de los derechos humanos, donde éstos no son vistos como meros postulados o límites estáticos, sino como una compleja red de interacciones hacia su interior y entre ellos a partir de las obligaciones que conllevan.

Cada derecho contiene obligaciones específicas, pero son las obligaciones generales, establecidas en el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional, las que recorren a todos y cada uno de los derechos, las relaciones entre ellos y determinan la actividad estatal. De ahí la importancia de comprender los derechos, si se permite el símil, como prismas que reflejan distintos tipos de obligaciones más que una sola conducta.

Asimismo, me centraré en la forma en que los poderes judiciales están en posibilidad de dar vida a los derechos desde su ámbito de competencia, por ello sólo me referiré a la interpretación y aplicación de los derechos y no a su implementación que corresponde, en términos generales, a los Poderes Legislativos y Ejecutivos.

Utilizaré la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para ejemplificar el sistema de derechos en acción, de tal forma que sea útil tanto para conocer la jurisprudencia de ese Tribunal regional como para identificar la puesta en operación del sistema de derechos en acción.

En la primera parte se analizan las obligaciones generales y los principios de indivisibilidad e interdependencia para identificar cómo es que no sólo los derechos están interrelacionados sino también sus obligaciones, formando un todo a partir del cual debe guiarse la actividad estatal.

La segunda parte mira al principio de progresividad en relación con el de universalidad para estudiar la obligación de garantizar e identificar los parámetros específicos para poner en funcionamiento la actividad estatal a la luz de los derechos humanos.

DESCARGAR:

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_EstandaresInternacionalesDH1aReimpr.pdf

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

*