LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

INTRODUCCIÓN

Desde hace tiempo la garantía jurisdiccional de los derechos económicos, sociales y culturales –y ahora ambientales– (en adelante “los DESCA” o “los derechos sociales”), se ha convertido en un tema recurrente en la discusión académica y judicial.

Las posiciones van desde aquellas que consideran que los DESCA son normas programáticas y no tienen cabida en un tribunal, hasta las que estiman que la solución a todos los conflictos sociales debe quedar en manos de los jueces. Incluso, se han propuesto vías alternativas para su justiciabilidad, como sucede con las visiones dialógicas.

Lo cierto es que los derechos sociales no son los únicos que tienen, en su contenido, “acciones de hacer” o “acciones positivas”.

Los derechos civiles y políticos, al igual que los derechos sociales, también contienen, en cierta cantidad, acciones de hacer o positivas, para su realización y los derechos sociales a su vez contienen acciones de no hacer o negativas que por mucho tiempo se relacionaron únicamente con los derechos civiles.

Por otro lado, los justiciables, en reiteradas ocasiones, argumentan que los derechos sociales resultan demasiado ambiguos para poder determinar el núcleo del derecho.

Esta supuesta falta de determinación de la conducta debida o falta de especificación concreta del contenido, no sólo aplica a los derechos sociales.

En efecto, en el inicio de la protección de los derechos fundamentales, se tuvo que partir de cero para poder definir el contenido de la libertad de expresión, de la propiedad, de los alcances de la igualdad, etcétera, por lo tanto, la determinación del contenido de los derechos sociales, como cualquier otro derecho, dependerá en buena medida del caso en concreto, de las circunstancias y atendiendo a las particularidades del asunto.

En la mayoría de los casos, las reticencias para hacer justiciables estos derechos tienen raíces políticas e ideológicas, muchas veces basadas en una mal entendida concepción democrática, ya que jurídicamente nada impide que los tribunales conozcan de sus incumplimientos.

Afortunadamente, los mitos que durante mucho tiempo acompañaron la justiciabilidad de los DESCA se han venido desvaneciendo.

Así, la posibilidad de someter a consideración de un tribunal la violación de estos derechos va ganando terreno en la práctica gracias al debate que se ha dado en sede doctrinal.

El debate, sin embargo, sigue abierto. En el caso del Sistema Universal y de los Sistemas Regionales de Derechos Humanos (Europeo y Africano), sus instrumentos han permitido, en cierto modo, la justiciabilidad de los DESCA.

En el Sistema Europeo de Derechos Humanos se cuenta con la Carta Social Europea (1961), los Protocolos Adicionales de 1988 y 1995 a dicha Carta y algunos medios interpretativos derivados del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950); el Sistema Africano de Derechos Humanos contempla la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1986,8 la cual incluye en un solo texto los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales.

Por lo que respecta al Sistema de Naciones Unidas, la entrada en vigor en 2013 del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ha materializado la justiciabilidad directa de los derechos sociales en la sede de Naciones Unidas.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante “el Sistema Interamericano” o “el SIDH”), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la CADH”, “la Convención Americana” o “el Pacto de San José”) contiene en el artículo 26, una cláusula de progresividad de derechos en materia de DESCA y se contempla el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador “ (1988) y de manera más reciente la Carta Social Interamericana (2012).

La discusión sobre la justiciabilidad directa de los DESCA ha tenido lugar también a nivel interamericano, aunque con sus propias especificidades.

Como veremos más adelante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH” o “Tribunal Interamericano”) ha abordado los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de manera indirecta bajo el ropaje de los derechos civiles y políticos.

Las razones para ello son de diversa índole, las que analizaremos y discutiremos en este trabajo. En términos normativos se reducen a la posibilidad y conveniencia o no de exigir jurisdiccionalmente el cumplimiento del artículo 26 de la Convención Americana, así como en determinar qué derechos derivan de la Carta de la Organización de Estados Americanos (en adelante “la Carta de la OEA”), conforme con el mismo numeral.

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/CESIDH-Justiciabilidad-Derechos-SIDH.pdf

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