LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

El artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) es la piedra angular sobre la cual descansa el sistema de derechos y libertades de dicho instrumento y, en gran medida, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

La obligación de los Estados Parte del Pacto de San José de “respetar” los derechos y libertades ahí contenidos y “garantizar” su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción “sin discriminación alguna”, permea en el objeto y fin del tratado y, consecuentemente, en el entendimiento que deben tener todos los operadores jurídicos (nacionales e internacionales) para lograr la plena efectividad de los derechos y libertades que contiene.

Así, este dispositivo no constituye una “norma programática” como algunos consideran. La CADH tiene aplicación directa en todos sus preceptos cuando un Estado americano la ha firmado, ratificado o se ha adherido.

Como lo expresa Nogueira Alcalá, precisamente al analizar este precepto, las obligaciones contenidas en el Derecho Convencional Internacional y particularmente las referidas a derechos humanos, constituyen para todos los jueces nacionales derecho directamente aplicable y con carácter preferente a las normas jurídicas legales internas, ya que el propio ordenamiento jurídico hace suyo los artículos 36 y 31.1, por una parte y el 27 de la Convención, por otra; los primeros determinan la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones internacionales (pacta sunt servanda y bonna fide), el artículo 27, a su vez, establece el deber de no generar obstáculos de derecho interno al cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Dicho tratado internacional tiene vigencia en 23 países de la región con la consecuente obligación de todos los órganos y poderes de los Estados Parte de aplicarla. La Convención Americana es derecho interno de fuente internacional.

Sin embargo, resulta paradójico que a pesar de la importancia que reviste para los órdenes jurídicos nacionales y especialmente para la tutela efectiva de los derechos fundamentales, con mayor intensidad a partir del reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), su aplicación se haya efectuado de manera “esporádica” por muchos países; como si se tratara de una prerrogativa del Estado y no como un “deber” que limita y guía su actuación.

Además, resulta indispensable conocer a plenitud la jurisprudencia de la Corte IDH al tener una eficacia directa (como lo tiene el propio Pacto de San José), debido a que este órgano jurisdiccional tiene la competencia de “interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos” conforme lo estipula el artículo 1 del Estatuto de la propia Corte IDH aprobada por la OEA en 1979.

Por otro lado, uno de los deberes convencionales de mayor importancia para la armonización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con la normatividad interna, lo constituye la obligación de los Estados nacionales de adoptar disposiciones de derecho interno, sean legislativas o de otro carácter, para otorgar efectividad a los derechos y libertades previstos en los tratados internacionales.

 La obligación de adoptar disposiciones internas complementa las diversas obligaciones genéricas que se originan en el artículo 1.1 del Pacto de San José, relativas al deber de “respeto” y “garantía” de los derechos y libertades previstos en el propio instrumento. Así, estos dos preceptos no son excluyentes, sino complementarios, en la medida en que pueden, por sí mismos, generar responsabilidad internacional a los Estados parte del Pacto.

No constituyen normas programáticas como lo ha puesto de relevancia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH o Tribunal Interamericano), al derivarse obligaciones específicas que se han ido progresivamente estableciendo, caso por caso, a lo largo de más de treinta años de actividad de dicho órgano jurisdiccional.

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/CESIDH-Obligaciones-Convencion-Americana.pdf

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