El estado actual de la protección a la libertad de expresión en México TOMO II

El estado actual de la protección a la libertad de expresión en México TOMO II

El 25 de junio de 2012 se publicó la Ley para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo objeto es establecer pautas de coordinación entre las diversas instancias gubernamentales para la prevención y atención de ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como implementar el Mecanismo Nacional para la protección de estas dos poblaciones sujetas a especial situación de riesgo.

Según información de la Procuraduría General de la República, difundida por los medios, de octubre de 2012 a diciembre de 2013 el mecanismo habría recibido noventa y un solicitudes de atención, de las cuales treinta y siete correspondían a periodistas agredidos (c. 41%). Del conjunto de las solicitudes, la Junta de Gobierno del mecanismo fijó medidas de protección en veinticinco casos, es decir, en poco más del 30% de los casos.

Considerando que durante ese período un total de nueve casos fue desechado, los cincuenta y siete casos aún no atendidos representarían un índice de rezago de la instancia de 70%.

Cabe señalar que durante 2013 el mecanismo contó con un presupuesto público de 129 millones 500 mil pesos, pero no pudo ser ejercido debido a que los actos jurídico-administrativos requeridos para el ejercicio presupuestal, tales como contar con un reglamento y reglas de operación del Fondo, fueron perfeccionados solamente hasta el 30 de noviembre de 2012, en el caso del primero, y el 5 de noviembre de 2013, por lo que hace a las Reglas de operación del Fideicomiso Fondo para la protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. 6 Dicho decreto estableció las pautas para la administración del fideicomiso creado por la Ley, así como la adquisición del equipamiento necesario para la adecuada adopción de las medidas a favor de las personas beneficiarias, por lo cual el mecanismo podrá hacer pleno uso de sus propios recursos en 2014.

A los rezagos en la atención de las solicitudes de protección y a los rezagos en la adopción de las reglas de operación de la instancia y su fondo, se ha sumado una persistente denuncia de personas solicitantes y de personas expertas en el tema sobre las deficiencias en la actuación del mecanismo, así como en su construcción jurídica.

Acaso sea en este último rubro en el cual podamos hallar algunas de las causas por las cuales el mecanismo ha visto acotados sus alcances en la práctica, y bajo esa premisa, hemos buscado analizar cuáles son los principales elementos legales que impactan en el rendimiento real de la instancia.

El presente documento busca reseñar brevemente la Ley en sus alcances, órganos, procedimientos y medidas, así como esbozar un análisis sobre la efectividad resultante de la configuración de estos elementos, midiendo particularmente las fortalezas y las debilidades de la Ley por lo que hace a 1) la definición de la población beneficiaria y los supuestos de aplicación de las medidas por parte del Mecanismo; 2) la relación entre el objetivo de protección que se plantea la Ley, en comparación con sus órganos, facultades y otros mecanismos dentro de la Ley (por ejemplo, las sanciones); 3) la representación de las poblaciones beneficiarias; 4) la coordinación entre autoridades del ámbito federal y local; 5) la actuación de las autoridades obligadas ante riesgos inminentes en relación con los plazos y procedimientos señalados por la Ley; así como, 6) el alcance que tienen las medidas de protección y prevención.

Al final, ofrecemos algunas recomendaciones básicas en torno a los aspectos que consideramos necesario pulir desde el texto legal para mejorar el rendimiento del mecanismo.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/lib_EstadoActualProteccionLibertadExpresionMex_T2.pdf

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