Sobre la práctica de las detenciones arbitrarias

Sobre la práctica de las detenciones arbitrarias

ANTECEDENTES

Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha observado con suma preocupación que las detenciones arbitrarias constituyen una práctica común de los agentes de la Policía Judicial y de los elementos que integran los diversos cuerpos policíacos.

Al respecto, cabe precisar, primeramente, que esta Institución no se opone a las detenciones de persona alguna cuando ésta ha infringido la ley penal, simplemente que dicha detención debe estar perfectamente ajustada al marco legal y reglamentario, para evitar que se vulneren los derechos humanos de los individuos, relativos a la legalidad y seguridad jurídica.

De los datos estadísticos con que cuenta este Organismo, se desprendió que durante el periodo comprendido del año de 1999 a los meses que han transcurrido de 2001, este Organismo Nacional recibió 323 quejas que fueron calificadas como detención arbitraria; de lo que evidentemente se colige que se trata de una práctica que se mantiene, por lo que resulta indispensable y urgente poner fin a las actuaciones ilegales y arbitrarias de los agentes, además de que con motivo de las conciliaciones que esta Institución ha propuesto a las autoridades, se solicitó el inicio de diversos procedimientos administrativos o averiguaciones previas aproximadamente en contra de 81 servidores públicos, que incluyen agentes del Ministerio Público de la Federación, elementos de la Policía Judicial Federal y otros.

Personal de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos logró establecer de la lectura de diversos partes informativos, elaborados por elementos de la Policía Judicial en distintas fechas, provenientes de diferentes partes de la República, y que obran en las evidencias de algunos expedientes de queja, que éstos se constituyen de transcripciones muy parecidas; de igual manera, lo que llama la atención de este Organismo Nacional es que la práctica recurrente de las quejas que se reciben consiste en que los agraviados fueron detenidos por dichos agentes, cuando estos últimos efectuaban recorridos de “revisión y vigilancia rutinarios” en aras de salvaguardar la seguridad pública y detectar la comisión de algún ilícito o bien, porque habían recibido en la guardia de agentes denuncias “anónimas”, siendo que al atenderlas, “casualmente”, los agraviados fueron encontrados en “actitud sospechosa” y/o “marcado nerviosismo”, además de que, en todos los casos, los elementos de la Policía Judicial dijeron haber solicitado a los agraviados que se les permitiera efectuarles una “revisión de rutina”, quienes accedieron de “manera voluntaria”.

Así también, destaca el hecho de que en ninguno de los partes informativos rendidos por los agentes policíacos, a través de los cuales pusieron a disposición de la representación social a los agraviados y manifestaron haber recibido las denuncias “anónimas”, dieron aviso de ello al agente del Ministerio Público, limitándose única y exclusivamente a hacerlo del conocimiento de su superior inmediato e iniciar por su cuenta la supuesta investigación, no sin dejar de mencionar que en ningún dispositivo legal o reglamentario se prevé que los agentes del Estado puedan actuar con base en denuncias “anónimas”, derivándose de ello, precisamente, que no cuentan con facultad alguna para llevar a cabo lo expuesto.

Igualmente, se observó que en múltiples ocasiones los elementos de la Policía Judicial, bajo los mismos argumentos, refirieron que al ir circulando por la vía pública, se encontraron a diversas personas en las calles o interiores de vehículos y éstas fueron detenidas, siendo que, en ciertos casos, de las evidencias con que este Organismo Nacional contó, se comprobó que los agraviados no se encontraban ni en “actitud sospechosa” y/o “marcado nerviosismo” en la vía pública, sino en el interior de sus domicilios, y que dichos servidores públicos, sin causa legal que lo justificara, ingresaron a los mismos y se llevaron detenidos a los quejosos.

Por último, es menester referir que también, en ocasiones, las detenciones arbitrarias de las que son objeto las personas, traen aparejada violencia física y/o moral; que los agentes policíacos, al no encontrar elementos que fundamenten y justifiquen su actuar, construyen la flagrancia para tratar de justificar legalmente sus acciones y que los agentes del Ministerio Público consideran los partes informativos de la policía con un alto valor probatorio y que, en la mayoría de las ocasiones, los agraviados son afectados en su situación jurídica con motivo de lo anterior; ello, sin dejar de mencionar que, en ciertos casos, los elementos de la Policía Judicial o los elementos que integran los diversos cuerpos policíacos investigan por propia cuenta determinados hechos que probablemente pudieran estar relacionados con averiguaciones previas diversas o cuestiones personales, sin que sus superiores jerárquicos tengan conocimiento de éstos, deduciéndose lo expuesto de las propias evidencias con las que esta Institución cuenta, de las que se deriva que no hay averiguación previa alguna.

En el mismo sentido, cabe señalar que la Representación Social recibe, en dichos casos las puestas a disposición de los detenidos y, además, no da vista de tales irregularidades al órgano de control interno competente.

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Recomendacion-General-02.pdf

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