Sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley

Sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley

ANTECEDENTES

Esta Comisión Nacional ha observado con suma preocupación que algunos funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley hacen uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego en perjuicio de las personas a las que pretenden detener, someter o asegurar.

Al respecto, es importante señalar que esta Comisión Nacional no se opone a la detención, sometimiento y aseguramiento de persona alguna cuando su conducta está prevista como delictiva por la legislación penal y las leyes autoricen el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego.

Tampoco se opone a que los servidores públicos con facultades para hacer cumplir la ley cumplan con su deber, siempre y cuando tales actos se realicen conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México, y en las leyes y los reglamentos aplicables.

De los datos estadísticos con que cuenta esta Comisión Nacional se advierte que, durante el periodo comprendido de junio de 1990 al 31 de diciembre de 2005, se recibieron en total 3,928 quejas relacionadas con el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego, de las cuales 2,081 corresponden a cateos y visitas domiciliarias ilegales; 617 como violación al derecho a la integridad personal; 466 como violación al derecho a la vida; 304 como intimidación; 291 como amenazas; 76 como empleo arbitrario de la fuerza pública; 57 como atentados a la propiedad; 25 como violación al derecho de la integridad de los menores; seis como ejecución sumaria o extrajudicial, y cinco como violación a los derechos a la libertad de reunión y de asociación. Cabe resaltar que la cifra sería mayor, ya que frecuentemente, y de conformidad con lo señalado por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad, A. C., en su Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3), así como por la Encuesta Nacional sobre Delitos No Denunciados de la CNDH, sólo el 20 % de los delitos son denunciados, es decir, uno de cada cinco.

En esta materia, y con motivo de las investigaciones realizadas por esta Comisión Nacional, en casos no graves, se solicitó el inicio de procedimientos administrativos y de averiguaciones previas, que incluyen a policías municipales, elementos de seguridad pública, policías judiciales o ministeriales de las entidades federativas, policías federales preventivos, agentes federales investigadores y personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina.

Asimismo, esta Comisión Nacional, al concluir la integración de los expedientes respectivos, durante el periodo comprendido de junio de 1990 al 31 de diciembre de 2005, emitió 42 Recomendaciones, en las cuales se evidenciaron violaciones al derecho a la vida; el empleo arbitrario de la fuerza pública; el ataque a la propiedad privada; cateos y visitas domiciliarias ilegales; la intimidación, y la violación al derecho a la libertad de reunión y asociación.

Esta cifra incluye las Recomendaciones emitidas con motivo de los recursos de impugnación derivados de las inconformidades interpuestas por los quejosos respecto de la no aceptación o el incumplimiento de las Recomendaciones dirigidas a las autoridades de los estados y del Distrito Federal por parte de los organismos públicos de Derechos Humanos.

Además, esta Comisión Nacional ha presentado tres informes especiales: Caso Agua Fría, del 30 de agosto de 2002; Caso de la Región Loxicha, del 31 de enero de 2003, y el relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo de 2004, con motivo de la celebración de la III Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea, en los que se acreditó que algunos funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley hicieron uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego en perjuicio de personas.

Por otra parte, los organismos públicos de Derechos Humanos de 31 estados y del Distrito Federal, durante diversos periodos comprendidos entre 1993 y septiembre de 2005, en rangos que varían de uno hasta 12 años, han recibido 26,563 quejas y emitido 2,124 Recomendaciones sobre el tema materia de la presente Recomendación General.

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Recomendacion-General-12.pdf

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

*