Presunción de inocencia

Presunción de inocencia

La defensa de cualquier derecho siempre evidencia posiciones más liberales o progresistas, frente a otras más conservadoras. Cada posición cuenta con una gama importante de métodos de interpretación y argumentación desarrollados por la ciencia jurídica.

Sin embargo, en un Estado de Derecho democrático el conflicto que surge de tales posiciones siempre será atendido por tribunales independientes e imparciales, capaces de generar criterios científico-jurídicos que —en teoría— resolverán de mejor manera el conflicto.

Resolver de la “mejor manera” no es tarea fácil. Si esto fuera así, no existirían teorías de la argumentación jurídica diferentes ni debates académicos entre quienes las sostienen. Al final del día, los jueces también nutren sus resoluciones de juicios de valor que sirven para dotar de significado a conceptos como proporcionalidad y razonabilidad.

Para parafrasear a Ferrajoli respecto de la presunción de inocencia, el principio de jurisdiccionalidad exige que la acusación penal en contra de una persona sea sometida a prueba en un juicio regular; el objeto del proceso penal es la prueba de la culpa, no la prueba de inocencia.

La presunción de inocencia no es un simple principio de interpretación ni una regla probatoria, sino un derecho con significado práctico a lo largo del proceso penal que garantiza una protección especial a las personas acusadas de algún delito.

Por tanto, como derecho de la persona imputada, el respeto y ejercicio efectivos de la presunción de inocencia van más allá de la verdad y de la justicia. Entender este punto no ha sido fácil para el orden jurídico mexicano. A menudo somos testigos de prácticas institucionales y escuchamos expresiones de funcionarios públicos que transgreden de manera directa la presunción de inocencia.

Procuradores que exigen la prueba de inocencia en lugar de autoexigirse la prueba de culpabilidad; manifestaciones que acentúan la noción de “presunto culpable” sobre las de persona y dignidad humana. Quienes sostienen esta visión, tal vez olvidan que, históricamente, la negación de la presunción de inocencia prevaleció en regímenes antiliberales como el fascismo. La presunción de inocencia está en constante tensión con otros derechos, en particular con los de las víctimas a salvaguardar su integridad o a contrarrestar posibles riesgos de reincidencia, en protección al derecho de la sociedad a la seguridad ciudadana, así como con el derecho a la libertad de expresión o de información.

En la defensa de cualquiera de estos derechos siempre existirá el interés de una persona o grupo frente al interés de la “sociedad”. Por ello, en el proceso penal los derechos humanos se ven sometidos constantemente a la consideración del legislador y al escrutinio judicial.

Son derechos que han cobrado relevancia a partir del desarrollo de la teoría y práctica del garantismo penal elaboradas con base en un contexto de legado fascista que heredó “leyes excepcionales y de emergencia que han terminado reduciendo, en contra de los principios constitucionales, el ya débil sistema de garantías contra el arbitrio punitivo”. En ese sentido,

[…] el garantismo se vincula a la tradición clásica del pensamiento penal liberal y expresa la exigencia, propia de la Ilustración jurídica, de minimización de ese “terrible poder” —como lo llamó Montesquieu— que es el poder punitivo, mediante su estricto sometimiento a la ley: en concreto, mediante el sometimiento a la ley penal del poder penal judicial y mediante el sometimiento a las normas constitucionales del poder penal legislativo.

El temor que un mal sistema de justicia puede infundir a los y las ciudadanas indica su falta de legitimidad. Así, el reto de cualquier sistema de justicia penal es dotar de contenido a ciertos principios positivizados, de manera ambigua, como “debido proceso” y generar certidumbre respecto de los elementos del derecho a un juicio justo, en particular del de presunción de inocencia mediante el desarrollo de jurisprudencia que vincule de manera efectiva a todas las autoridades y a terceros.

Así, este fascículo tiene como objetivo definir el principio de presunción de inocencia de acuerdo con los parámetros de derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional y presentar algunos de los problemas que la aplicación de este derecho ha tenido en la práctica en México, que por muchos años han contrarrestado su efectividad como derecho de defensa de las personas.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_PresuncionInocencia1aReimpr.pdf

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