La prevención y la sanción de la tortura

La prevención y la sanción de la tortura

La tortura es una práctica atroz y degradante que debe evitarse en todo lugar y momento, ya que ni la más extrema circunstancia es suficiente para justificarla. La tortura es la mejor expresión del abuso de poder; por medio de ésta, el agresor busca someter física y mentalmente a su víctima, la cual es cosificada, con lo que su dignidad humana sufre un gravísimo atentado.

La tortura es también una violación a los derechos humanos injustificable, porque el torturador es un servidor público que tiene la obligación de respetar los derechos de la persona, y el torturado resulta agraviado porque su agresor incumple con sus obligaciones, además es un delito, porque el victimario concreta la conducta exigida por el tipo penal y la víctima sufre la lesión de su integridad física o mental.

Por último, las lesiones físicas y los trastornos mentales producto de la tortura pueden ser temporales o permanentes según la persona que la sufrió, así como debido a los factores internos y externos que intervienen.

Por ello, la gravedad y los daños que genera deben ser evaluados y determinados. La tortura debe prevenirse e investigarse, y si ya se cometió, se tiene que sancionar. La prevención de la tortura es importante.

Es necesario lograr que la actuación de las autoridades estatales sea positiva, que se conduzcan respetando los derechos humanos, lo cual generaría un trato digno en la interacción con las personas y en el desarrollo de sus funciones acorde al Derecho cuando usan sus capacidades para servir a los ciudadanos y no sólo cuando la norma jurídica les prohíbe ciertas prácticas.

El artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que todas las autoridades están obligadas a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” en su esfera de competencia; así, cuando se cumple con la obligación de respetarlos y protegerlos, se reconoce que el otro tiene derechos, y si los servidores públicos asimilan este compromiso al salvaguardar el disfrute de la integridad física y psicológica de las personas, se previene su violación.

La prevención de una conducta rechazada por la sociedad empieza con el conocimiento de que la misma es inadmisible, y en caso de que ocurra, es punible y será sancionada. Algunas prácticas en la historia de la humanidad primero fueron no sólo permitidas sino llevadas a cabo de manera usual, pero después fueron prohibidas y aun penalizadas, entre ellas la tortura. Los ordenamientos jurídicos históricos han dispuesto sobre el maltrato, el tormento, las penas corporales y los tratos o penas degradantes, y asimismo regularon su aplicación y las consecuencias para el juzgador que no los atendiera.

La casuística en que se determinaba ese maltrato era abusiva y caprichosa porque no contemplaba la evidencia fidedigna. En consecuencia, comenzó a disponerse en la justicia ordinaria la no aplicación de castigos crueles y diversas figuras jurídicas como la acusación con testigos, la definición de cuáles constituirían los asuntos judiciales, la disposición de penas para las conductas ilícitas, la existencia de tribunales para la impartición de justicia y la justicia gratuita, entre otros, que llevarían a una estructuración más uniforme en el tratamiento de los asuntos judiciales y su resolución.

Es muy importante especificar que el tormento, las penas infamantes y los palos fueron previstos históricamente y su práctica fue regulada, así como precisar el momento en que se prohíben ese tipo de castigos crueles hasta llegar a la actualidad, en que la aplicación de la tortura constituye una prohibición internacional y un de lito en México.

Al respecto, es imperativo tener conciencia de que la prohibición data de hace más de tres siglos y que esta práctica debe prevenirse, evitarse y erradicarse. El presente folleto tiene el propósito de explorar cómo surgió la tortura, por qué se ejerció, cuándo se prohibió y cuándo se estableció como delito según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho mexicano.

De igual forma, establecer una aproximación a su concepción, los elementos que ayudan a prevenirla, tanto en el ámbito interno como en el internacional, y, por último, exponer de manera sucinta el contenido del Protocolo de Estambul.

Esto con el fin de que el lector reflexione sobre la materia y se sensibilice respecto de la realización de dicha práctica; asimile que en la actualidad constituye una grave violación de los derechos humanos y un delito que se sanciona administrativa y penalmente; que, a partir del papel que desarrolle en la sociedad (o desde su ámbito de acción), la evite, o bien, si sabe de algún caso, presente una queja o denuncia penal, y que colabore para lograr su erradicación.

La práctica de la tortura se conforma por elementos plenamente identificados, por lo que es prescindible mencionarlos. Las diversas definiciones los manejan en un sentido acotado relativo a la investigación de delitos, en algunos casos el acto material se califica como grave y en otros no; de igual forma, el fin se amplía al referirse como cualquiera.

El análisis de su concepción se hará a partir de los elementos. Como la investigación científica del delito es el medio más eficaz para prevenir la tortura, aquí se incluye un breve apartado al respecto. De igual forma, se presentan las tesis del Poder Judicial de la Federación que han sido emitidas sobre la tortura, y la evolución de los criterios de interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al valor dado a la confesión de un imputado como prueba.

Enseguida, se abordan los tratados internacionales en el ámbito de las Naciones Unidas y en el Sistema Regional Americano, los cuales exigen ciertas medidas de los Estados Partes para prevenir y sancionar la tortura, y se explican las formas de implementación en México en relación con aspectos de los cuales se han tomado providencias.

A continuación, se explican cuáles son los mecanismos que existen para monitorear el cumplimiento de las obligaciones internacionales y regionales en relación con la tortura y se comentan algunos de los datos actuales; más adelante, se abordan los mecanismos de fiscalización en las situaciones de detención en los ámbitos internacional y nacional, y, por último, lo relativo al Protocolo de Estambul, como manual útil y eficaz para la investigación de la tortura, así como lo que concierne a su adaptación en México.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_PrevencionSancionTortura2aed.pdf

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