La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007

La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007

Aunque la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos tiene mucho tiempo de haberse iniciado, fue hasta hace unas décadas cuando tales reclamos comenzaron a sonar muy fuertemente en diversas partes del mundo.

México no fue la excepción. La población indígena fue, durante mucho tiempo, la población mayoritaria —en algunos estados lo es todavía y en otros más constituye una parte importante de la misma—. De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda levantado en 2010, existían 6.9 millones de personas de 3 años o más que hablan alguna de las 68 lenguas indígenas de México. Pero la lengua es sólo un elemento a tomar en cuenta para definir a la población indígena. Así que ese mismo instrumento estimó que, según la condición de autoadscripción étnica, el 14.78 por ciento de los mexicanos de ese grupo poblacional se consideró indígena.

En las gestas de la Independencia, la Reforma, la lucha contra la Intervención y el Imperio y durante la Revolución mexicana, los indígenas fueron un activo fundamental de los procesos.

No obstante, su participación no siempre fue correspondida con la oportuna atención a sus reclamos en materia de desarrollo económico y social, justicia y derecho a definir sus propios procesos sociales y políticos.

Si bien desde 1992 se había reconocido tenuemente la composición pluricultural de la nación mexicana, el movimiento indígena tuvo un gran repunte con el alzamiento del EZLN a principios del año 1994 en Chiapas. Los reclamos por el reconocimiento de derechos se volvieron parte de la agenda de prioridades del Estado.

Se oyeron entonces reclamos para reformar la Constitución Política del país y las propias de las entidades federativas.

Aunque tuvo acres críticas, dentro de otras, por no otorgarles personalidad jurídica, en 2001 el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales que reconocían, el derecho a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos indígenas mexicanos; establecían compromisos de políticas públicas encaminadas a su desarrollo económico y social, con la participación de los tres ámbitos de gobierno en la asignación de partidas específicas para atender a la población indígena; además de que ordenaba la respectiva adecuación de los marcos legislativos federal y estatales.

A casi tres lustros de tan trascendente reforma, podemos comentar que 57 ordenamientos de carácter federal ya tienen contenidos relativos a la problemática indígena. No obstante, sólo en 22, de las 32 entidades del país, las constituciones locales son concordantes con nuestra Carta Fundamental.

Por ello, la existencia de un instrumento internacional de la dimensión de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas emitida en 2007, aunque no constituye un documento jurídicamente vinculante, por su fuerza moral resulta fundamental para respaldar y presionar a los Estados para otorgar el reconocimiento de derechos de esta población. O, como en el caso mexicano, para avanzar de manera más profunda en las lagunas y omisiones existentes la reforma que se realizó en 2001, así como en las constituciones estatales pendientes de adecuar, y en la asignación de recursos para atender sus reclamos de desarrollo, de tal manera que el reconocimiento de derechos se dé en forma plena.

Aunque no tiene carácter vinculatorio, con la reforma constitucional al artículo 1o. del 10 de junio de 2011,1 que dispone que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y que la interpretación de esas normas se hará favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, la Declaración que hoy reproducimos potencia el catálogo de derechos indígenas en nuestro país.

El presente folleto tiene como objeto dar a conocer los alcances y contenidos de este importante documento, que forma parte ya del derecho internacional.

En primer lugar se presenta un ensayo que busca describir el contexto en el que se dio su aprobación, haciendo un recuento histórico de dicho proceso así como de los aspectos más relevantes de su contenido y alcances.

Enseguida se reproduce la resolución aprobada por Naciones Unidas en su asamblea del 13 de septiembre de 2007 y los 46 artículos de la Declaración.

Estamos seguros de que la lectura de este folleto será de gran ayuda no sólo para las ONG y las organizaciones indígenas, sino para todos los interesados en avanzar en el fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos en México. Esta segunda edición ha sido posible gracias al interés del licenciado Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, por fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, y a la gestión de la doctora Julieta Morales Sánchez, Directora General del CENADEH.

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Declaracion-ONU-Indigenas-2007.pdf

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