Legislación electoral y partidos políticos en la República mexicana 1917-1945

Legislación electoral y partidos políticos en la República mexicana 1917-1945

Uno de los rasgos fidedignos que caracterizan la construcción del Estado mexicano en el proceso histórico posterior a 1917 es el empeño por demostrar, tanto al interior como hacia el exterior de la nación, una estructura política democrática —formalmente parecida a las otras democracias occidentales capitalistas—, en la cual la renovación periódica de los gobernantes tendría uno de los más altos valores del acontecer político. De ahí que se pueda considerar a la actividad electoral, desde aquel año hasta el presente, como uno de los fundamentos estructurales de la siempre discutida democracia mexicana.

Los procesos electorales en México han sido clasificados históricamente como legitimadores de decisiones autoritarias; instrumento de diagnóstico y auscultación de los problemas políticos y sociales; indicadores en la formación de los procesos de cooptación individual, gremial y social; muestrario de una protesta política no concretada en partidos políticos; actos de adhesión de carácter plebiscitario; medida de la capacidad de movilización del aparato electoral del Estado; forma básica de socialización política; acto soberano de la nación y, además, como procesos confirmadores de las graves y profundas desigualdades políticas y sociales de la República.

A pesar de su importancia funcional y de su admirable continuidad histórica, poco se sabe de los procesos electorales mexicanos. Menos conocemos, quizás, de los procesos electorales locales sucedidos en las múltiples regiones de México, el desarrollo e influencia que han tenido para la consolidación histórica de las instituciones políticas del país, sean éstas nacionales, estatales o municipales.

La magnitud, complejidad y consecuencias del tema electoral no han sido correspondidas con trabajos empíricos que expliquen de qué manera los ciudadanos de las diferentes regiones del país han participado en los comicios; cómo se han regulado los procesos de elección de los poderes públicos; cuáles fueron las reglas escritas y las no escritas que se utilizaron en la lucha por conquistar el poder; en resumen, dónde y cómo han sido los cambios y las consecuencias en la experiencia electoral de las entidades federativas. Sí, por supuesto, conocemos más de anécdotas y hechos aislados del tema electoral que análisis serios, respaldados por investigaciones documentadas.

La escasez de trabajos de investigación sobre los procesos electorales mexicanos de los años posrevolucionarios puede explicarse por muchas causas, pero sobre todo por el descrédito que dichos procesos tuvieron, han tenido y tienen a lo largo de la historia, así como por la complejidad estructural que presentan.

La tarea de investigar el proceso electoral en su relación con la formación y consolidación de las instituciones políticas y electorales no es sencilla, máxime si se trata de abordar la compleja problemática en su conjunto: estadística electoral, instituciones electorales, padrón electoral, geografía electoral, partidos políticos, candidaturas, tipos de elección, etcétera.

El libro que aquí se presenta tiene como objeto descubrir las maneras en que los ciudadanos de la República se aplicaron a las reglas electorales y a la presencia de los partidos en la conquista del poder. Es un trabajo que trata de encontrar las explicaciones históricas y las relaciones o concatenaciones que están en la base del nacimiento, desarrollo e institucionalización del sistema electoral mexicano posrevolucionario, tomando como antecedentes sus inicios de 1910 a 1917, y a partir de este año hasta 1945.

La investigación pretende llenar un hueco en la historiografía a través del seguimiento y descripción de una de las partes menos investigadas del fenómeno electoral mexicano: los modelos electorales normativos y los organismos partidarios de las entidades federativas, los que juntos dan cuerpo y definirán al Estado mexicano entre 1917 y 1945. La delimitación temporal se fundamenta en lo que constituye la hipótesis central del trabajo, ya que en 1946 es cuando se inicia en el nivel electoral el proceso histórico conocido como “centralización del Estado mexicano en manos del poder de la Federación”.

A partir de ese año, hasta ahora, el Estado nacional interviene directamente en la soberanía de los estados de la Unión, imponiendo las reglas electorales fundamentales para dirimir la lucha por el poder local. A diferencia de la etapa iniciada en 1917 y que llega hasta 1945, cuando con múltiples tropiezos, pero con plenas facultades, los gobiernos de los estados de la República son dignos representantes del llamado “federalismo”,1 ya que defienden, al menos, dos aspectos de la legislación electoral: a) unas reglas escritas para dirimir la lucha por el poder, aunque como veremos muchas veces imprecisas pero creadas a partir de sus propias realidades históricas concretas y sus particulares intereses políticos, y b) una voluntad por impulsar la competencia política a través de organizaciones partidistas, que en determinado momento fueron ejemplo de un respetable escenario de pluralidad y orgullo regional democrático para la nación.

La historia política mexicana del siglo xx enseña que en nuestro país han ocurrido procesos eleccionarios ininterrumpidamente desde hace poco menos de cien años. Han ocurrido elecciones desde 1917 y hasta 2014, con una regularidad de cuando menos cada seis meses en algún punto de la geografía de la República.

Los gobernantes y sus ideólogos lo han festejado acrítica y ruidosamente a lo largo del tiempo. Desde la tranquilidad que da el poder, se nos ha querido convencer a los gobernados que sólo por las virtudes de su asiduidad y ocurrencia la renovación política en México es sinónimo de democracia plena. El siglo xx se inicia en México, desde el punto de vista electoral, en 1917. Al instaurar los mexicanos una nueva constitución federal, la demanda y gran ilusión del movimiento político maderista de 1909-1910 —de hacer posible que los ciudadanos pudiesen convivir en un sistema político en el cual el pueblo se gobierne por los hombres que elija directamente a través de su voto libre y secreto— encauzó los ideales de toda una sociedad y marcó los procedimientos normativos de todas y cada una de las entidades soberanas de la nueva república, que dieron fuerza institucional al nuevo régimen que devino, como todos sabemos, de una cruenta lucha revolucionaria (1913-1916).

La Constitución de 1917 constituirá un punto decisivo en la historia del México del siglo xx y se le puede considerar como el parteaguas normativo de mayor trascendencia histórica, política y jurídica para la democracia mexicana hasta nuestros días. Es una constitución que ha sido exaltada por muchos como un gran cambio en la dirección de los derechos políticos y de la expansión de las garantías sociales; es un hito en la liberación de la sociedad mexicana de la opresión porfirista y un descanso de la guerra revolucionaria. La revolución había infligido un golpe mortal al porfirismo pero, sin duda, también había derrumbado casi todas las instituciones que armonizaban la vida pública de aquel entonces.

La Constitución de 1917 trajo de vuelta a México una buena cantidad de aspiraciones democráticas y de bienestar, y abrió el camino para la construcción de nuevas instituciones y formas de participación para recobrar y vivir en paz. Por otra parte, no cabe la menor duda de que el sufragio efectivo es la razón de ser del movimiento revolucionario de 1910: el maderismo. La lucha victoriosa en contra del régimen dictatorial de Porfirio Díaz tuvo en aquel principio reivindicativo la más exitosa propuesta política de todo el siglo xx mexicano.

La adhesión de la mayoría de los integrantes de las diferentes clases sociales a ese valor democrático fue una adquisición sobresaliente en la historia de México. Francisco I. Madero logró convertirse en el líder político de oposición más singular, reivindicando no sólo la necesidad de que el Estado respetara la tolerancia y la pluralidad, signos vitales de una república, sino defendiendo la libertad del ciudadano como nunca se había hecho.

En su libro La sucesión presidencial, defendió y argumentó por la introducción de la democracia parlamentaria, un sistema de elecciones libres y la independencia de la prensa y los tribunales de justicia, así como la organización ciudadana a través de los partidos políticos. Con ello se podría transformar a México en un Estado democrático moderno. En su valioso texto el líder político aseguraba:

Si la nación llega a organizarse fuertemente en partidos políticos, al fin logrará que se respeten sus derechos, y una vez obtenido el primer triunfo, se habrá sentado el precedente, y sobre todo, un gobernante que debe su poder a la ley, y al pueblo, siempre será respetuoso para con ellos y obedecerá sus mandatos […] cualquier ventaja, concesión, o conquista obtenida por las prácticas democráticas, será una cosa duradera.

En esta perspectiva, contar con un subsistema electoral que permitiese que los gobernantes fueran la imagen más fiel del deseo ciudadano fue el objetivo de los nuevos líderes y de los cientos de organismos partidarios que participaron en la construcción política nacional de todas y cada una de las entidades federativas.

En un nivel más amplio, referido a la construcción de un nuevo sistema político con nuevas características y reglas para la participación política, tenemos que una vez superada la fase de la lucha armada, que derrocó totalmente al régimen porfirista en 1914, la situación económica y social de nuestro país llevó al grupo triunfador constitucionalista a lograr la articulación del nuevo Estado a través de las fuerzas políticas y sociales que participaron intensamente en la revolución. Se buscaba integrar a la nación inmediatamente, pero no a través de elecciones, sino a partir de la consecución de objetivos programáticos y de una nueva concepción nacionalista, la que quedó plasmada en la ya mencionada Constitución de 1917.

El pragmatismo actuó antes que la norma jurídica. Los esfuerzos mayores tuvieron como objetivos: la modernización de la producción agrícola; el impulso capitalista del desarrollo industrial; la reorganización administrativa y financiera, y especialmente la construcción de un nuevo poder estatal, edificado sobre la base de los grupos y clases que desencadenaron la lucha revolucionaria. Las energías sociales y políticas de la revolución debían ser organizadas y unificadas, dirigidas hacia una tarea común, sin pensar en otro proyecto más que en el del grupo triunfante. Nacía la denominada “ideología de la Revolución Mexicana”.

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https://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/492/1/images/LegislacionElectoral.pdf?fbclid=IwAR0mei96BipaAtX_UoJWcAnII7KTP8FDsUL7TLgVA00kffqbVjWdAp5Hsp8

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