Género y democracia

Género y democracia

La primera edición del número 23 de los Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática apareció en octubre de 2004. En él se exploran los orígenes del feminismo, íntimamente relacionados con los orígenes de la democracia contemporánea, y se dejan ver las deudas que esta última sigue teniendo con aquél.

Hoy, a 15 años de esa publicación, queremos revisar, así sea esquemáticamente, cómo se han actualizado esos vínculos y esas deudas, pero también cuáles son algunos de los nuevos retos que enfrenta el feminismo en nuestro país. Podemos enfocarnos, en primer término, en el conjunto de temas relacionados con la ciudadanía de las mujeres.

Según se plantea en el texto, las instituciones democráticas se inauguran con una gran contradicción interna: se sustentan en los principios universalistas de igualdad y libertad, pero presentan un diseño inicial estructuralmente excluyente. Las mujeres, siendo la mitad de la población, debieron luchar activamente por más de 140 años para que se les reconociera el estatuto legal de ciudadanas.

En nuestro país, el reconocimiento del derecho a votar y ser votadas a nivel federal debió esperar aún más, pues se retrasó hasta 1953. Sin embargo, el avance que esto representó en el camino para lograr la igualdad formal estaba lejos de ser decisivo. Durante muchas décadas, las leyes federales y locales en México siguieron privando a las mujeres de la posibilidad de ejercer una ciudadanía plena al reproducir de múltiples formas su condición de sometimiento a los varones.

Esto se evidencia, por ejemplo, en aquellos códigos que, todavía a finales del siglo XX, obligaban a las mujeres casadas a contar con permiso de sus esposos para obtener un trabajo, o en los muchos municipios del país que, hasta hace muy poco tiempo, seguían considerando legales los raptos de mujeres (y las consecuentes violaciones sexuales) como vía adecuada para acordar un matrimonio. Pero, claramente, en el presente podemos advertir numerosos avances en materia de igualdad formal entre mujeres y hombres en México y en el mundo.

No sólo han prácticamente desaparecido las condonaciones legales al sometimiento femenino, sino que se han dado pasos importantes para conseguir la paridad de género en todo el país. Me detendré, pues, a explicar brevemente el significado y la importancia de este logro.

Como se menciona en el cuaderno que estas letras presiden, las mujeres fueron explícitamente excluidas de los derechos de ciudadanía desde los orígenes de los sistemas democráticos modernos, y no ha sido sino gracias a los tenaces esfuerzos del feminismo que esa incongruente injusticia ha ido paulatinamente enmendándose.

Uno de los mecanismos que emplearon las mujeres para lograr el reconocimiento de sus derechos, a partir de mediados del siglo XX, fue luchar por el establecimiento de cuotas de representación en los diversos ámbitos de la vida pública.

Este sistema, creado originalmente en los Estados Unidos como medida para compensar la exclusión histórica de diversos grupos sociales de las posiciones de prestigio y poder, combina de una manera interesante el combate a la desigualdad formal y a la sustantiva, como trataré de ilustrar a continuación.

En México las leyes de cuotas se han centrado en tratar de paliar la subrepresentación de las mujeres al interior de las cúpulas de los partidos políticos y en la integración de los congresos. Así, durante años se buscó respetar la cuota del 30% en estos espacios, es decir, garantizar que de cada 100 personas que integraban, por ejemplo, la Cámara de Diputados, al menos 30 fueran mujeres.

¿Cuál es el principio que sustenta esta medida? La idea de justicia que subyace al establecimiento de cuotas, derivadas a su vez de las llamadas políticas de acción afirmativa, es que la sociedad ha reproducido durante siglos fórmulas de organización basadas en la exclusión injusta de ciertos grupos de personas, con base en características adscriptivas.

Estas últimas son las características de nacimiento a través de las cuales las sociedades catalogan a las personas. De nacimiento no significa biológicas; significa que una sociedad las considera clasificadoras naturales, como el género, la etnia o el color de la piel; o de naturaleza social, como la condición social, económica, cultural o religiosa de la familia en la que se nace.

Ninguna de estas características, como se ve, son elegidas, sino que adscriben externamente a las personas a categorías poseedoras o carentes de poder y prestigio. Las mujeres, de todo tipo y condición, han sufrido históricamente los efectos de estas estructuras de poder.

Su propia existencia como parte del binomio de género hombre-mujer implica que, más allá de las características con que cada sociedad las defina, ellas son pensadas como el grupo que tiene menor prestigio y poder social en relación con el grupo de los hombres.

El establecimiento de sistemas democráticos, regidos por supuestos universalistas que debieran impedir la enajenación de derecho alguno con la excusa de la pertenencia de alguien a cierto tipo de colectivo, no garantizó, en los hechos, de manera inmediata la igualdad formal entre hombres y mujeres.

Tuvieron que pasar siglos de lucha organizada feminista para que, como vimos, ese reconocimiento formal fuera concretándose. Sin embargo, en los hechos, las mujeres y las niñas siguen enfrentando enormes obstáculos para ejercer plenamente su condición de personas y de ciudadanas.

Esos obstáculos son construidos y reproducidos cotidianamente por millones de acciones concretas que, en lo micro y en lo macrosocial, oponen resistencias culturales poderosísimas a la condición de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

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