EL FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

EL FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

En nuestro país, los estudios sobre la transición a la democracia se han centrado en explicar los cambios políticos ocurridos en la arena electoral y en el plano federal, es decir, la evaluación sobre los avances y los pendientes en la construcción democrática han considerado el ámbito federal como si fuera nacional, es decir, como si reflejara lo que ha sucedido en el conjunto de las entidades federativas.

Aunque, como bien ha señalado Edward Gibbson, ésta ha sido la práctica generalizada en los países que transitaron a la democracia durante lo que Huntington llamó la “tercera ola”, al voltear los ojos a los procesos de cambio en los estados y el Distrito Federal, resulta evidente que la orientación y el ritmo de los mismos han sido diferentes; lo federal y lo local han corrido por cuerdas separadas.

Si tomamos como periodo de referencia los 10 años que se sucedieron a partir de la reforma electoral de 1996 que, además de introducir los principios rectores de elecciones libres y competidas, tales como la autonomía del órgano electoral, las condiciones equitativas de la competencia y la solución de las controversias por un órgano jurisdiccional con plenas facultades, estableció principios generales para ser observados por todas las legislaciones locales, tendremos un panorama marcado por la heterogeneidad.

De suerte que, mientras que algunos estados han tenido reformas electorales constantes, otros las tienen esporádicas; mientras que algunos han tenido revisiones sustantivas y de gran calado a sus legislaciones electorales, otros han optado por mantener el statu quo, e incluso, unos más han introducido cambios en sentido contrario a las disposiciones constitucionales.

Todo esto da cuenta de cómo los procesos de cambio político han abierto espacios para que el federalismo electoral mexicano vuelva a cobrar significado; dicho de otra manera, la democratización ha alimentado un proceso de federalización, pues lo local ha cobrado relevancia por su particularidad.

Durante la larga época de la hegemonía del PRI, las legislaturas locales básicamente imitaron la legislación electoral federal. La existencia de un partido dominante y de implantación nacional que dotaba de una identidad común a la élite política en los distintos niveles de gobierno, hacía que la homogeneidad fuera la regla. Esta tendencia fue modificándose a la par que fue generándose la competencia política en estados y municipios. La competencia abrió el camino a la pluralidad y a la expresión de la diversidad regional. Si durante la hegemonía priísta existió un verdadero sistema electoral nacional, con la apertura, éste fue fragmentándose, dando cuenta de las diferentes condiciones políticas que caracterizaban a las entidades federativas.

No obstante, la diversificación del sistema electoral no fue producto solamente de condiciones políticas enraizadas en las entidades federativas, es decir, de la existencia de fuerzas y actores políticos específicos en el ámbito subnacional, sino de la manera como éstos se habían relacionado tanto con el gobierno del centro, como con las propias directivas nacionales del partido. Para decirlo de otra manera, la mecánica de la federalización electoral no puede explicarse solamente a partir de las características políticas de cada entidad, sino de la manera como éstas se enlazaron con el centro que había sido la cúspide indiscutible de la pirámide durante la época de la hegemonía.

De la misma forma que la construcción de los acuerdos por parte de los actores políticos en el centro del país impacta de distinta manera a los poderes locales, las reformas en los estados no sólo obedecen a cuestiones locales, sino que se entrelazan con el juego democrático nacional, tornando incluso un conflicto local en uno de dimensión nacional.

El propósito de este libro es hacer un balance del estado que guardan las leyes o códigos electorales en las 32 entidades federativas desde una perspectiva comparada, para después profundizar en el análisis de 11 casos particulares que ilustran la diversidad de los movimientos de reforma electoral en entidades federativas gobernadas por los tres principales partidos políticos.

Después de la reforma de 1996, es necesario acercarnos al estudio de las leyes electorales locales con una mirada comparativa, que permita evaluar las características de sus legislaciones e intentar una explicación de su diversidad.

Parece pertinente preguntarse: ¿cómo se han democratizado los estados en México?, ¿persisten autoritarismos locales en nuestro régimen democrático?, ¿las leyes electorales de los estados garantizan la certeza y equidad en sus comicios y la autonomía de las autoridades electorales?, ¿cómo se explica que estados sin alternancia en el poder tengan códigos electorales avanzados, mientras que los que sí la han tenido muestren rezagos normativos?, ¿buenas leyes electorales significan buenas prácticas en la organización de las elecciones? Para explicar la selección de los once casos analizados a profundidad, es necesario tener en mente que el primer criterio que se seleccionó fue que se tratara de entidades que reflejaran la diversidad por estar gobernadas por alguno de los tres principales partidos políticos.

Los once casos se corresponden con 6 entidades gobernadas por el PRI, 3 gobernadas por el PAN  y las dos restantes, por el PRD. Los tres estados gobernados por el pan –Baja California, Guanajuato y Jalisco– son emblemáticos del ascenso del PAN en el norte, centro y occidente, en donde el blanquiazul ha logrado asentarse, e incluso convertirse en fuerza hegemónica como en Guanajuato.

Las dos entidades gobernadas por el PRD, el Distrito Federal y Guerrero, representan dos casos ejemplares de la implantación de dicho partido, en la medida que la entidad capital se ha convertido en el paradigma del asidero perredista, mientras que Guerrero es el caso de un estado del sur en donde el nuevo alineamiento bipartidista está personificado por el PRI  y el PRD, el cual tiene como fuente originaria tanto la existencia de históricos núcleos de izquierda, como desprendimientos importantes del antiguo partido hegemónico.

Los seis casos restantes en los que no ha ocurrido la alternancia y el PRI sigue gobernando dan cuenta de la presencia mayoritaria del PRI  en el plano subnacional –actualmente gobierna en 17 estados y tiene mayoría en 25 congresos locales–, pero también de las diferentes configuraciones del poder priísta.

En efecto, mientras que en Coahuila y en Puebla, la fuerza que le disputa al PRI el poder es el pan, aunque con variado impulso en cada coyuntura particular, en los estados del sur, Oaxaca y Tabasco, la disputa electoral ocurre entre el PRI  y el PRD, en tanto que en el Estado de México y Veracruz, hay una disposición tripartidista básica, pero, de nuevo, con un distinto potencial en una y otra coyunturas, dependiendo también del tipo de elección que se trate y de los liderazgos políticos del momento. Vale decir, hay un sustrato de configuración partidista que se manifiesta de distinta manera en uno y otro momento específico.

A partir de lo anterior, es posible identificar cuatro grandes ejes problemáticos en los que se inscriben los once casos analizados con detalle.

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