DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO. MÉXICO A TRAVÉS DE SUS CONSTITUCIONES VOL X

DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO. MÉXICO A TRAVÉS DE SUS CONSTITUCIONES VOL X

En la Constitución de Cádiz de 1812 se estableció dentro de las prerrogativas del rey la de nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales, a propuesta del Consejo de Estado. Los artículos 186, 151 al 154, 156 y 157 de la Constitución de Apatzingán de 1814 establecieron que la elección de los individuos del Supremo Tribunal de Justicia se haría por el Congreso, en sesión secreta por escrutinio en que haya examen de tachas y a pluralidad absoluta de votos, eligiendo a un número triple de los individuos que han de componer el Supremo Gobierno. Hecha esta elección, continuaría la sesión en público y el secretario anunciaría al pueblo a las personas que hubieren elegido.

En seguida repartirá por triplicado sus nombres escritos en cédulas a cada vocal y se procedería a la votación de los tres individuos, eligiéndolos uno a uno por medio de las cédulas, que se recogerían en un vaso prevenido al efecto. El secretario a vista y satisfacción de los vocales reconocería las cédulas, y haría la regulación correspondiente, quedando nombrado aquel individuo que reuniere la pluralidad absoluta de sufragios.

Si ninguno reuniere esta pluralidad, entrarían en segunda votación los dos individuos que hubieren sacado el mayor número, repartiéndose de nuevo sus nombres en cédulas a cada uno de los vocales. En caso de empate decidiría la suerte. Para proveer las vacantes de los individuos que deben salir anualmente, y las que resultaren por fallecimiento u otra causa, se seguiría el mismo procedimiento. Las votaciones ordinarias de cada año se efectuarían cuatro meses antes de que se verifique la salida del individuo a quien tocare la suerte.

En el Reglamento Político Provisional del Imperio Mexicano de 1822 se contempla en la sección quinta la organización del Poder Judicial. Tocaba al emperador establecer, conforme a la ley, los tribunales que fueren necesarios y nombrar los jueces a propuesta del Consejo de Estado. Conforme al artículo 66 para la pronta y fácil administración de justicia, en todos sus ramos, continuarían los alcaldes, los jueces de letras que puedan ser pagados cómodamente y las audiencias territoriales que están establecidas; además, el gobierno podría nombrar otros jueces de letras y establecer dos o tres audiencias nuevas, en aquellos lugares, en que a discreción del mismo gobierno se estimen oportunas, para evitar a las partes los perjuicios que se experimentan por las enormes distancias en que se hallan las audiencias territoriales.

 El 23 de junio de 1823 se ordenó mediante decreto el Establecimiento provisional y planta de un tribunal supremo de justicia1 que tenía las atribuciones fijadas por las leyes vigentes y la Constitución. En cuanto a su integración, estaba compuesto por tres Salas en donde la Primera se integraba por tres individuos y las otras dos por cinco cada una, todos ellos nombrados por el Congreso. Había un fiscal que desempeñaba su oficio en las tres Salas.

El Tribunal debía recibir el tratamiento de alteza, los ministros de Señoría y el decano de Ilustrísimo. El sueldo de los ministros era equivalente al que gozaban los individuos de la audiencia territorial en México. Adoptada la República Federal, en la Constitución federal de 1824 tocaba a las legislaturas de los estados llevar a cabo la elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia, lo que debía efectuarse en un mismo día a mayoría absoluta de votos y una vez concluida, cada legislatura debía remitir al presidente del Consejo de Gobierno una lista certificada de los 12 individuos electos, con distinción del que lo haya sido para fiscal. En el día señalado por el Congreso, se debían abrir y dar lectura a las listas en presencia de las cámaras reunidas, retirándose en seguida los senadores. Acto continuo, la Cámara de Diputados nombraba por mayoría absoluta de votos una comisión compuesta de un diputado por cada estado, que tuviere representantes presentes, para que revisando las listas den cuenta con su resultado, procediendo la Cámara a calificar las elecciones y a la enumeración de los votos.

El o los que reunían más de la mitad de los votos computados por el número total de las legislaturas, y no por el de sus miembros respectivos, se tenía(n) por nombrados, sin más que declararlo así la Cámara de Diputados.

Si los que hubiesen reunido la mayoría de votos no alcanzaban el número de 12, la misma Cámara debía elegir sucesivamente de entre aquellos que hubieren obtenido de las legislaturas mayor número de votos, observando en todo lo relativo a estas elecciones, lo prevenido en la sección primera del título IV, que trata de las elecciones de presidente y vicepresidente.

En el caso de que un senador o diputado resultare electo para ministro o fiscal de la Corte Suprema de Justicia, debía optar por la elección hecha para estos destinos. En las Bases Constitucionales, los artículos 7º, 12 y 13 tratan del poder judicial, el cual residiría conforme a las Siete Leyes Constitucionales en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales y jueces cuyas cualidades, número, radicación, responsabilidad y modo de elección se establecerían mas adelante.

En los departamentos se ejercería el Poder Judicial hasta la última instancia, por tribunales y jueces residentes en ellos, nombrados o confirmados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con intervención del Supremo Poder Ejecutivo, de las juntas departamentales y de los tribunales superiores. Las leyes y reglas para la administración de justicia en lo civil y criminal serían las mismas en toda la nación. Como señala Linda Arnold, que “Los ministros de la Corte estaban conscientes de los profundos cambios que tenía México en su propósito de lograr un gobierno autónomo y republicano.

Todos habían cursado estudios de derecho y fueron examinados y admitidos por el Colegio de Abogados cuando la monarquía, con su sistema de justicia, estaba aún en Nueva España. Ante la ausencia de códigos en materia civil, penal y comercial y de una legislación administrativa posterior a la Independencia… tenían obligación de conocer la legislación dispersa, nueva y antigua”.

Los artículos 5º y 6º de la Quinta Ley Constitucional dentro de las Siete Leyes Constitucionales de 1836 establecieron que la elección de los individuos de la Corte Suprema en las vacantes que hubiere se harían de la misma manera y en la propia forma que la del presidente de la República. Declarada la elección se expediría en el propio día el decreto declaratorio, se publicaría por el gobierno y se comunicaría al tribunal y al interesado, para que éste se presente a hacer el juramento y tomar posesión.

El artículo 116 de las Bases Orgánicas de 1843 mantuvo la integración de la Corte Suprema de Justicia en 11 ministros y un fiscal. La ley determinaría el número de suplentes, sus calidades, la forma de su elección y su duración. Restablecido el federalismo, en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 se estableció que por medio de las leyes generales se arreglarían las elecciones de diputados, senadores, presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia, pudiendo adoptarse la elección directa, sin otra excepción que la del tercio del Senado que establece el artículo 8º de esta Acta. Mas en las elecciones indirectas no podrá ser nombrado elector primario, ni secundario, el ciudadano que ejerza mando político, jurisdicción civil, eclesiástica o militar, o cura de almas, en representación del territorio en el cual desempeñe su encargo. Con la Constitución federal de 1857 cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia duraría en su encargo seis años y su elección sería indirecta en primer grado, en los términos que dispusiere la Ley Electoral.

Con la caída del Segundo Imperio, don Benito Juárez expidió el Decreto de 20 de agosto de 1867 por el que se revalida los actos judiciales del tiempo de la intervención y del imperio y restablece la Suprema Corte de Justicia, quedando como su presidente don Sebastián Lerdo de Tejada. Asimismo, el 20 de agosto se emitieron las reglas para la revalidación de las actuaciones judiciales del tiempo de la Intervención y del Imperio, así como la rehabilitación de los abogados que ejercieron la profesión durante el Imperio ante sus tribunales o bien aceptaron cargos en el mismo.

El 22 de mayo de 1900 se reformaron los artículos 91 y 96 de la Constitución para aumentar el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia a 15, disponiendo que la ley establecería y organizaría a los Tribunales de Circuito, a los Juzgados de Distrito y al Ministerio Público de la Federación. El 20 de abril de 1901, la Suprema Corte de Justicia, en uso de las atribuciones que le concedía la fracción el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El artículo 92 se reformó el 4 de junio de 1914 para establecer que los ministros de la Corte Suprema de Justicia serían electos por el Senado en escrutinio secreto, y precisamente entre las personas que proponga en terna el presidente de la República.

El Senado se erigirá en Colegio Electoral dentro del tercer día útil, que siga a aquél en que reciba del Ejecutivo la propuesta para ministros de la Corte Suprema; y si dicho cuerpo legislativo no hiciera la elección, el presidente de la República designará libremente a cualquiera de las personas señaladas en la terna. Cada uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia duraría en su cargo ocho años, contados desde la fecha que el Senado fije para otorgar la protesta constitucional, aun cuando el funcionario electo no se presente el día marcado.

Cuando en la fecha señalada no se presentare a otorgar la protesta alguno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Senado fijaría un término prudente, que no podrá excederse de dos meses, para que el ausente cumpla tal requisito, y si no acudiere a ello se procederá a nueva elección.

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