DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO. MÉXICO A TRAVÉS DE SUS CONSTITUCIONES VOL I

DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO. MÉXICO A TRAVÉS DE SUS CONSTITUCIONES VOL I

“El derecho constitucional es el derecho para el derecho”, dijera Felipe Tena Ramírez, y es que la Constitución es, más que norma, crisol de principios y valores que organizan al Estado y dan consistencia a la nación; es el eje rector de la vida social. Transcurridos prácticamente 100 años de transformaciones constantes, demandas populares convertidas en artículos y sucesivas actualizaciones, sin alterar los acuerdos políticos fundamentales que vienen desde el origen, la efeméride de la Carta Magna, nos ofrece la oportunidad de conmemorarla; esto es, compartir memoria, reflexionar acerca de su trayecto, celebrar su presente y encauzar su futuro. Como México en sus orígenes, la Constitución de 1917 también fue resultado de un mestizaje, en este caso ideológico.

Fusión entre la tradición decimonónica del liberalismo político y la justicia social de principios del siglo XX. Es así que la Ley Fundamental tiene impresa la huella liberal en las llamadas “garantías individuales” —derechos humanos— y plasmada una visión social única para su época, lo que le valió el título de “primera Constitución político-social del mundo”. Plural y diverso en su composición, el Congreso Constituyente dio cauce a las fuerzas políticas identificadas con los diferentes grupos armados que habían participado en la Revolución —cuyos intereses y postulados eran representativos de las principales demandas que se gestaron durante dicho movimiento—; sin embargo, como bien dijera Ignacio Marván, “se trató de una asamblea compuesta por integrantes de un solo partido, el de los constitucionalistas”.

Por ello, a pesar de las fricciones que se dieron durante los debates, el común denominador de los constituyentes era el deseo de paz y de dar vida a un nuevo orden legal que garantizara el respeto de las libertades y diera mayor importancia a las demandas sociales de los mexicanos.

Ante el dilema que se planteó a los gobiernos de la Revolución, de planteó a los gobiernos de la Revolución, de promover el desarrollo social o el democrático, evidentemente se decidió por el primero; así fue como México entró en el periodo de estabilidad más largo de la historia.

Sin soslayar las deficiencias, es justo señalar que, al amparo de la Carta Magna, los gobiernos que surgieron permitieron que México alcanzara la modernidad, pues fueron ellos los que pacificaron al país; hicieron la Reforma Agraria y crearon la propiedad social; recuperaron las industrias petrolera y eléctrica; consagraron los derechos de los trabajadores; expandieron la educación pública; forjaron nuestra potencia exportadora; urbanizaron y electrificaron el territorio nacional; consiguieron el prestigio internacional del país; impulsaron la participación política de las mujeres y de los jóvenes; fortalecieron al Poder Judicial; aumentaron las competencias y los recursos para estados y municipios; se hizo más pública la vida pública; se ensancharon las libertades y los derechos humanos; y, lejos de oponerse, encauzaron y lideraron la transición democrática. Fue así que se transitó de un sistema de participación política cerrado, a uno democrático que, en los últimos años del siglo xx, con un consolidado sistema de partidos y una creciente competencia político-electoral, derivó en que la pluralidad en la integración de las cámaras del Congreso de la Unión llegara al punto en que ninguna fuerza política contara con la mayoría y, por tanto, hubiera una representación heterogénea y rica.

En esta etapa del proceso transicional, irrumpió el pluralismo político en el Poder Legislativo, haciendo de la diversidad, productividad, pues, de las 699 reformas constitucionales que se han realizado a diversos artículos, 314 —casi la mitad— se llevaron a cabo durante los últimos 20 años.

A partir de 2012, políticos de todos los partidos, senadores, diputados federales y locales respondieron al mandato de la sociedad y comprendieron que, a nuevas condiciones sociales, corresponde una nueva constitucionalidad y aprobaron el paquete de reformas más relevante desde 1917. Con 147 reformas y adiciones, la nuestra es una Constitución transformada, con una evidente vocación transformadora.

Las LXII y LXIII legislaturas impulsaron nueve reformas constitucionales que han dado paso a una educación integral y de calidad para niñas, niños y jóvenes; garantizan que la riqueza petrolera se traduzca en bienestar para todos; ensanchan los derechos políticos de los ciudadanos; ponen a los medios de comunicación al servicio de las personas; dan mejores servicios para la ciudadanía, merced a una mayor competencia entre las empresas; permiten una recaudación más eficaz y más justa para incrementar y mejorar el ejercicio del gasto público; generan un sistema de transparencia y rendición de cuentas robusto, que protege y garantiza el derecho de acceso a la información pública; y sustentan reglas de carácter nacional para entidades federativas y municipios, para mantener o conseguir finanzas públicas sanas.

Ciertamente, las reformas transformadoras apuntalaron y multiplicaron los “derechos del pueblo mexicano”, lo cual abrió la oportunidad de realizar la presente publicación. Obra convertida en una tradición de gran valor, este trabajo que podríamos catalogar como enciclopédico, vio la luz por primera vez en 1966, y ha sido realizada desde entonces por la Cámara de Diputados que, con acciones como ésta, acredita que no sólo es creadora, sino difusora de leyes, que propicia la reflexión en torno a ellas y, de este modo, aumenta el conocimiento que, en la sociedad, se tiene de nuestra Norma Fundamental.

Las colaboraciones aquí presentadas han sido desarrolladas, recabadas y sistematizadas por prominentes abogados de diversas generaciones que han aportado y cobrado prestigio al contribuir en las ocho ediciones precedentes de esta obra monumental.

La primera, editada en ocho volúmenes; la segunda, 12 años después, en 13; la tercera, de 1985 —a partir de la cual se cuenta tanto con la coordinación académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como con el magnífico trabajo editorial del librero-editor, Miguel Ángel Porrúa— se integró con 19.

La cuarta edición, de 1994, con 12 volúmenes, a los que, en 1997, se sumó uno más; la quinta se publicó en 2000, en 15 volúmenes; la sexta, tres años más tarde, constó de 16. A partir de la séptima edición se ha contado con la participación de otras instituciones públicas; así, en la de 2006, conformada por 25 volúmenes, participaron, conjuntamente con la Cámara de Diputados: el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

La octava edición, publicada en 2012, en seis volúmenes impresos y una caja empaque adicional, con el contenido en versión digital, fue coeditada por la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la SCJN, el TEPJF y el IFE. La edición que ahora se presenta, la novena, contiene en sus 12 volúmenes impresos y su versión digital, textos relacionados con los antecedentes históricos constitucionales (1812-1911) para la elaboración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el debate legislativo desarrollado en el Constituyente de 1916-1917; y las reformas y adiciones a la Ley Fundamental desde entonces, que incluye las iniciativas y debates por Legislatura.

La parte central del trabajo está referida a los antecedentes, comentarios y trayectoria de cada uno de los artículos constitucionales. Otra sección de la obra recopila tesis de jurisprudencia en materia constitucional, además de revisar el derecho comparado respecto de cada artículo de la Carta Magna.

Como en casi todas las ediciones anteriores, incluye un tomo dedicado a estudios históricos y doctrinarios, algunos de los cuales fueron adicionados o actualizados por destacados juristas y otros se han conservado conforme a sus versiones originales.

En esta novena edición se ha considerado conveniente agregar un volumen con ensayos sobre temas constitucionales transversales, con perspectiva y prospectiva convencional, especialmente relacionados con los derechos humanos, lo cual coincide con el primer lustro de la trascendental reforma en la materia, de junio de 2011, por lo que la discusión académica, legislativa y judicial, está en pleno desarrollo y seguramente impactará el marco jurídico en los próximos años.

Por ello, a los coeditores, que desde la tercera edición se reúnen para mantener vigente esta magna obra, se suma una institución más: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Evidentemente, la novena edición incorpora el estudio de las reformas efectuadas a partir de 2012, lo cual justifica con creces, la necesidad de reeditar este gran trabajo colectivo, justo cuando está por cumplir 100 años la Constitución que nos une a todos los mexicanos.

Evidentemente, la novena edición incorpora el estudio de las reformas efectuadas a partir de 2012, lo cual justifica con creces, la necesidad de reeditar este gran trabajo colectivo, justo cuando está por cumplir 100 años la Constitución que nos une a todos los mexicanos. Como se advierte, es razonable afirmar que, jurídicamente, México está consolidando un constitucionalismo de corte democrático, que pone en el centro al ciudadano, que reivindica y revitaliza su carácter de mandante; que fortalece a la República, respalda a las instituciones y así, solidificando a las partes que lo integran, robustece al Estado mexicano.

DESCARGA GRATIS:

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http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxiii/DerPM/VOL1.pdf

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