Transparencia y seguridad nacional

Transparencia y seguridad nacional

INTRODUCCIÓN

LA TRANSPARENCIA Y LA SEGURIDAD NACIONAL SON DOS VALORES, instituciones y políticas públicas esenciales para la preservación y el desarrollo de un Estado liberal y democrático. La transparencia y el acceso a la información convierten a la sociedad en una participante activa del proceso de rendición de cuentas, proceso mediante el cual los gobiernos son obligados a «abrirse a la inspección pública», a «explicar y justificar sus actos» y también quedan supeditados a «la amenaza de sanciones» (Schedler; 2004).

Con la transparencia y el acceso a la información los ciudadanos pueden emplazar a los gobiernos a informar qué hicieron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Por su parte, la seguridad nacional desempeña un papel crucial para preservar el orden político y la estabilidad económica y social, procurando así un entorno propicio para el desarrollo del país en estas tres vertientes.

En México, el derecho de acceso a la información posee rango constitucional. En su artículo sexto nuestra norma suprema apunta que el «derecho a la información será garantizado por el Estado» y establece, entre otros, el principio de que «toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público»; una de estas razones es, precisamente, el resguardo de la seguridad nacional.

Por otra parte, la preservación de la misma se menciona en el artículo 89 de la Constitución como una obligación del presidente de la República, para cuyo cumplimiento dispondrá «de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea».

En México, tanto la transparencia como la seguridad nacional, están reguladas por dos leyes federales de reciente expedición: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y la Ley de Seguridad Nacional (LSN). La primera entró en vigor el 12 de junio de 2002 y la segunda el 1 de febrero de 2005.

¿Dónde debe trazarse la línea entre información pública e información reservada por motivos de seguridad nacional? ¿Por qué se «sobre clasifica» información gubernamental con el pretexto de proteger la seguridad nacional? ¿Cuáles son los beneficios de una política de transparencia en el ámbito de la seguridad nacional? ¿Cómo perjudica la opacidad informativa a la seguridad nacional? ¿Cómo interactúan la transparencia y la seguridad nacional en México? Algunas de estas preguntas generan largas discusiones en las cuales se traslucen dos posturas básicas.

Por un lado, están quienes afirman que con frecuencia los funcionarios gubernamentales ocultan injustificadamente información so pretexto de que su divulgación puede vulnerar la seguridad nacional. Este grupo considera que frecuentemente la «seguridad nacional» se erige en un obstáculo insalvable para la transparencia y. con ello, para la rendición de cuentas y el involucramiento de los ciudadanos en un asunto central de la agenda gubernamental. Por otro lado, están quienes consideran que gran parte de la información de inteligencia y de seguridad nacional es, por definición reservada, pues su divulgación podría ocasionar daños de difícil reparación a la seguridad del país y, por ende, a su desarrollo político, económico y social.

Un par de casos recientes en la prensa mexicana y estadounidense ilustran las tensiones que suelen aparecer entre los partidarios de la transparencia y quienes enfatizan la importancia de proteger la seguridad nacional. En el caso de México, por ejemplo, en mayo de 2009 la Secretaría de Gobernación (SEGOB) colocó en el portal Compranet del gobierno federal información sobre la ubicación de oficinas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como las placas, marcas y modelos de los vehículos de funcionarios que laboran en el mismo. Milenio, un diario mexicano de circulación nacional, divulgó el incidente y lo calificó en su editorial, como una torpeza que podía tener graves consecuencias.

Para algunos legisladores se trató también de un error que ponía en riesgo a las instituciones de seguridad nacional; pero para otros legisladores, se trató de un evento de escasa relevancia. Aparentemente esta acción no tuvo consecuencia alguna, pero las contrastantes posturas tomadas por diversos actores revelaron los grandes desacuerdos de apreciación que existen sobre los alcances y límites de la transparencia en el ámbito de la seguridad nacional.

Por lo que toca a Estados Unidos, ha aparecido un debate alrededor de la conveniencia de publicar o reservar cientos de fotografías que revelan presuntos actos de tortura y vejaciones a prisioneros en los reclusorios de Bagdad, Guantánamo y Kabul cometidos por miembros del ejército americano. Gracias a la Freedom of Information Actse supo que las «medidas extremas» de interrogación (privación del sueño, uso de bocinas y perros para alterar los nervios, humillaciones verbales y atamiento de prisioneros en posiciones incómodas) fueron aprobadas mediante «órdenes ejecutivas» emitidas por la Casa Blanca.

Recientemente, congresistas de ambos partidos se han opuesto a la divulgación de más imágenes con el argumento de que estimularía la propaganda anti-estadounidense en el Medio Oriente y el resto del mundo. Sin embargo, otros que apoyan la divulgación de las fotografías, alegan que esta acción es necesaria para disminuir tales abusos en el futuro.

Tres ideas centrales que inspiran este ensayo están contenidas en el texto de Podesta (2003) -que sirve de epígrafe al presente- Estas ideas son las siguientes: la reserva de una parte de la información gubernamental relativa a la seguridad nacional está motivada frecuentemente por intereses políticos y burocráticos que nada tienen que ver con la protección de la misma; la sobreclasificación de información gubernamental por razones de seguridad nacional tiene un efecto contrario al formalmente declarado, es decir, la daña; y, contrario a lo que se cree, la vinculación entre las políticas públicas de transparencia y seguridad nacional puede acarrear grandes beneficios a esta última.

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/Cuadernillo%2018%20B.pdf

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