Transparencia y el nuevo sistema de derechos humanos

Transparencia y el nuevo sistema de derechos humanos

INTRODUCCIÓN

LA EXIGENCIA DE TRANSPARENTAR LA ACTIVIDAD DEL ESTADO SE UBICA EN LA RAIZ MISMA DE LA DE MOCRACIA LIBERAL Desde las primeras circunstancias, textos y discusiones que construyeron el edificio de este régimen, se entendió que la publicidad de la maquinaria estatal era un aspecto indispensable para cumplir con el reto de controlar el ejercicio del poder.

Cada una de las palancas, tuercas y resortes institucionales encaminados a limitar el poder, se volvían inservibles si éstos no eran transparentes. Por ello, el control último de la compleja madeja de procedimientos, límites e incentivos propios de una democracia moderna es la publicidad.

El acceso a la información del Estado es el antídoto por antonomasia para inhibir el surgimiento de corrupción, abuso de poder y patrimonialismo (Jardín, 1998). Lo que ha cambiado, sin embargo, es el contexto en el que se plantea esta exigencia de transparentar la infraestructura estatal.

Es decir, si bien desde el nacimiento de la democracia moderna siempre ha existido el objetivo de acceder a la información del Estado, las sociedades actuales han cambiado de tal manera que se ha vuelto todavía más complejo el obstáculo de publicitar el desempeño de los múltiples órganos estatales. Son dos, por lo menos, los cambios que han orillado a repensar las armas para lograr un efectivo acceso a la información estatal (Bobbio, 1986; Vallespín, 2003).

En el surgimiento del pensamiento liberal se buscaba acabar con el secreto cortesano, ese cuchicheo alrededor del rey que influía en las decisiones de éste. El proceso de decisión de los gobernantes debía de realizarse en la plaza pública y no en la alcoba del castillo. Este tipo de secreto sigue siendo un reto para la transparencia.

No obstante, actualmente hay que sumar otro: el secreto técnico. El desarrollo del Estado moderno, por diversos factores, ha dado corno resultado un sin fin de órganos cuya responsabilidad implica un conocimiento sumamente técnico que abre la puerta para que, por medio de una abigarrada jerga y sofisticadas dinámicas institucionales, se oculte información con enormes repercusiones sociales.

Hoy; combatir la opacidad y el secreto requiere de recursos institucionales que permitan hurgar de manera atinada en lo que está detrás de un sistema de pensiones, una política de exploración y perforación de petróleo o una decisión sobre concesiones de telecomunicaciones (Joly, 1974). Esta misma complejidad social, y aquí el segundo reto contemporáneo para la transparencia, ha propiciado que el acceso a la información tenga que convivir con una pluralidad de otros valores que en no pocas ocasiones exigen por lo menos reflexionar seriamente si cierta información debe hacerse pública o no.

El ejemplo de pizarrón de esta tensión son los datos personales. Pero, por supuesto, no es el único. Consecuencias económicas, seguridad nacional, protección a la integridad de funcionarios públicos, son una serie de valores que, en ciertas circunstancias, pueden llegar a tensar su relación con el acceso a la información y cuya solución no siempre es sencilla ni evidente (López Noriega, 2009).

El propósito, por tanto, de este cuaderno de investigación y divulgación es aquilatar los retos actuales y de antaño del acceso a la información gubernamental, teniendo siempre presente que la publicidad de la actividad estatal coadyuva a controlar el ejercicio del poder, políticas públicas, así como imaginar mejores arreglos institucionales. Y todo este análisis tendrá como eje rector las oportunidades que ofrece el nuevo escenario constitucional de los derechos humanos. En efecto, en los últimos años ha habido una serie de cambios institucionales -reformas constitucionales y sentencias de la Suprema Corte- que han rediseñado de manera radical el andamiaje de protección de los derechos del país.

Lo cual, por supuesto, impactará en la manera de entender el derecho a la información y la transparencia. Pero este efecto no se limita al órgano garante por antonomasia de la transparencia en el Estado mexicano, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Al contrario, la reestructura que sufrió el sistema de derechos humanos del país es de tal magnitud que afectará por supuesto al IFAI pero también a todas las autoridades judiciales, administrativas y legislativas del país.

Imponiéndoles no solo una nueva batería de obligaciones respecto a los derechos humanos, sino también exigiéndoles nuevas metodologías de trabajo al momento de ejercer sus correspondientes competencias para que tengan una actuación mucho más protectora de los derechos. ¿De qué calibre son dichos cambios al escenario constitucional de derechos humanos? ¿Cómo afectarán tales ajustes al entendimiento del derecho a la información y la transparencia? ¿Cuáles son los nuevos retos para el IFAI? Si estas reformas impactan no solo a este órgano de transparencia, sino al resto de las autoridades del país, ¿qué obligaciones tendrán éstas en el futuro al respecto? Y no menos importante: ¿De qué manera convergerán ambos grupos de autoridades, los institutos de transparencia federal y locales junto con el resto de las autoridades, en su entendimiento de los límites y alcances de la transparencia? ¿Cuáles son, en este sentido, los obstáculos que tendrá que sortear el Estado mexicano para crear un sistema de transparencia coherente y eficaz? Lanzar posibles respuestas a estas y otras interrogantes es indispensable para entender no solo el potencial que ofrecen las nuevas características de nuestro escenario de derechos humanos frente a la transparencia y el derecho a la información, sino también los retos que hay que sortear para exprimir al máximo precisamente tal potencial.

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/Cuadernillo%2022%20B.pdf

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