Opacidad y corrupción: las huellas de la captura

Opacidad y corrupción: las huellas de la captura

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUYEN UNA DE LAS VÍAS PRIVILEGIADAS PARA DARLE SENTIDO Y ORGANIZACIÓN A LA FORMA EN QUE EL ESTADO AFRONTA LOS PROBLEMAS PÚBLICOS. Sin embargo, su primera condición de éxito es definir esos problemas a partir de las causas que los originan y tomando en cuenta la factibilidad de las soluciones disponibles.

En este texto emplearé este enfoque para discutir el sentido y la importancia de los sistemas nacionales de transparencia y de combate a la corrupción de México, a la luz de la definición del problema que quieren enfrentar. Desde mi punto de vista, este es el mayor desafío de ambos: su articulación inteligente para combatir opacidad y corrupción, desde una política de rendición de cuentas que tenga tan claros sus propósitos como las razones que los originan. Los sistemas que aquí nos ocupan fueron creados por sendas reformas constitucionales en los años 2014 y 2015, y desarrollados más adelante por la legislación secundaria.

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (que en adelante será tratado aquí como sistema nacional de transparencia), se plasmó con detalle en la Ley General de Transparencia promulgada en mayo de 2015, mientras que el Sistema Nacional Anticorrupción fue precisado por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que, junto con un paquete de reformas adicionales de las que nos ocuparemos más adelante, se promulgó en julio de 2016.

La hechura de la normatividad que rige ambos sistemas tuvo en común la apertura del Poder Legislativo a la colaboración activa con diversas organizaciones de la sociedad y de la academia mexicana, que desde un principio participaron en la concepción de sus contenidos y en la redacción de varias de las normas secundarias que hoy están en vigor, por medio de ejercicios inéditos de parlamento abierto. Participé en ambos y en otros lugares he hecho el recuento de esos momentos que, de suyo, marcaron un hito en las prácticas legislativas del país.

Pero lo que me interesa subrayar es que esos ejercicios de cocreación legislativa no solo estuvieron animados por la voluntad de encontrar nuevas vías institucionales para atajar la opacidad y la corrupción, sino orientados por un diagnóstico previo sobre la profundidad del problema que debía enfrentarse desde las instituciones y la sociedad.

Este texto está escrito desde la conciencia de que la forma en que se concibe cada problema determina el diseño de las soluciones. Como he señalado en otro documento, “en el núcleo duro de una política hay tres elementos que no se pueden pasar por alto:

1) la causalidad del problema que se quiere atender;

2) la forma en que se quiere modificar el estado de cosas, y

3) la argumentación exacta sobre el sentido y el propósito de la política que se está llevando a cabo”.

Estos componentes contribuyen a comprender por qué se trata de un proceso tan complejo, que va mucho más lejos que la simple descripción de los efectos visibles de una situación que incomoda. Las reformas constitucionales y legales que han dado forma a los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción también responden a una definición previa sobre la corrupción y la opacidad de las instituciones públicas.

De modo que el interés principal de este volumen es discutir esa definición, con la intención deliberada de aportar ideas que ayuden a desempacar la política pública —según la afortunada expresión de Eugene Bardach— y contribuir así al mejor funcionamiento de los sistemas construidos para hacerles frente.

El texto está construido en tres apartados. En el primero me ocupo de los conceptos que nos interesan: la rendición de cuentas, la transparencia (y el derecho de acceso a la información pública) y la corrupción, desde la mirada que reclama el enfoque de política pública.

Ese primer apartado incluye también una breve revisión sobre la forma en que esos conceptos han sido asumidos en México como desafíos institucionales, así como la imbricación obligada entre ellos. En esa primera parte se propone la tesis que me interesa: la captura de puestos (decisiones) y presupuestos como idea clave de la definición del problema.

El segundo apartado es mucho más descriptivo. Lo que el lector encontrará en ese capítulo es una narración —auxiliada por cuadros y esquemas para facilitar la lectura— de los contenidos sustantivos de las normas que se han promulgado para conformar los sistemas de transparencia y combate a la corrupción, con el propósito de explicar las razones por las que deben leerse como un conjunto articulado y coherente y en el que cada pieza del diseño, interpela y condiciona a las otras. Finalmente, ofrezco una conclusión para subrayar la importancia de comprender y asumir el hilo conductor de este documento.

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/CT26.pdf

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