COMPILACIÓN JURÍDICA DE LOS OTROS SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

COMPILACIÓN JURÍDICA DE LOS OTROS SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

INTRODUCCIÓN

El estado de derecho consiste en definir o acotar con precisión lo que corresponde a los particulares y lo que corresponde a los órganos de gobierno, mediante una ley, siendo lo propio de la constitución hacer esa precisión en los estados liberales que parten de la libertad individual para determinar la organización de los poderes constituidos de la organización del poder público del estado.

El derecho a la información se incorpora en nuestra Constitución en el año de 1977, mediante una reforma política electoral promovida por el entonces Presidente de la República José López Portillo, como derecho fundamental constitucionalmente reconocido, que nace a la sombra de la reforma política electoral de ese mismo año, con lo que ha quedado –por decirlo de alguna forma- contaminado por ella.

En forma inmediata posterior a la reforma aludida, personas interesadas sobre esta cuestión puntual se dieron a la tarea de intentar las diversas formulaciones que permitieran hacer efectivo este derecho, para evitar que quedara en una aspiración programática de la constitución.

Abandonada esta posibilidad, esta cuestión vuelve a tomar importancia durante el proceso electoral del año dos mil, que se convierte en una demanda ciudadana que concluye con una propuesta legislativa del ejecutivo federal que merece la aprobación unánime del congreso de la unión.

Los derechos fundamentales de las personas, son nociones preconstitucionales y resultan ser el fundamento del propio estado. Así todo lo que venga a dilatar el espacio de libertad de las personas, habrá de contribuir eficazmente a la consolidación de la sociedad, incluido su régimen de gobierno.

Este derecho a la información guarda una estrecha relación con la libre expresión de las ideas, con la limitante que le impongan la moral, los derechos de tercero y el orden público.

El derecho de acceso a la información, respecto de las acciones, actos y programas de gobierno ha quedado reconocido en un importante número de constituciones extranjeras. En el caso concreto del continente americano, podemos destacar los siguientes países, mismos que contemplan en sus constituciones la materia de acceso a la información:

1. El artículo 5 de la Constitución de la República Federativa del Brasil establece que: “Queda garantizados a todos el acceso a la información y salvaguardado el servicio el secreto de las fuentes cuando sea necesario para el ejercicio profesional (…) (Sección XIV)

2. En Colombia, el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación” Así mismo, en su artículo 74 dispone que: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establece la ley”.

3. El primer párrafo del artículo 81 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece que: “El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales”.

El párrafo 3 del mismo artículo dispone que: “No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley”.

4. El derecho a la información está establecido en el artículo 2.5 de la Constitución del Perú, el cual establece que todas las personas tienen el siguiente derecho: “A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a la ley y siempre que se refieran al caso investigado”.

Hasta el año dos mil dos, no existía una legislación que regulara esta garantía consagrada en el último párrafo del artículo 6 de nuestra Constitución, así como tampoco existía órgano alguno que se encargara de velar por la correcta aplicación del mencionado artículo, por lo que el 11 de junio de 2002, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Esta ley viene a cubrir ese vacío que existía al no haber una reglamentación que se encargara de brindar el apoyo necesario para que una garantía constitucional de gran importancia, como lo es la del acceso a la información, fuera aplicada y respetada.

El hecho de que no existiera una debida regulación de este derecho fundamental, había permitido una arbitraria discrecionalidad de la autoridad administrativa en el manejo de la información gubernamental, ya que la mayoría de las ocasiones únicamente se entregaba aquella información que no lesionara sus intereses.

En cuanto a los destinatarios obligados de la ley, debemos distinguir a la administración pública federal y otros sujetos obligados, que son otros poderes: legislativo y judicial; Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Banco de México y UNAM.

Ahora bien, debemos ser muy claros en el hecho de que esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de orden público y tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal, con lo que queda claro que no se van a considerar como sujetos obligados por esta ley de transparencia, las entidades federativas, mismas que deberán expedir sus propias leyes de acceso a la información pública.

El gobierno, en sus diversas ramas, genera actos, acciones y programas públicos respecto de los cuales los particulares tienen el legítimo derecho de obtener la información sobre los mismos.

Las autoridades están obligadas para responder sobre las solicitudes formuladas, informando a los particulares-solicitantes en forma precisa, puntual, clara y oportuna sobre la solicitud formulada, salvo que la información solicitada –en forma total o parcial- resulte reservada o confidencial, lo que se habrá de hacer del conocimiento del solicitante expresando la fundamentación correcta sobre la reserva o confidencialidad.

Debemos destacar que esta garantía de acceso a la información pueda servir para ejercitar otros derechos; toda vez que si un ciudadano no recibe información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa por parte de los órganos de gobierno, no podrá ejercer otros derechos previstos en la Constitución, como lo es el derecho a una participación libre y democrática en la sociedad.

Debemos recordar que el pueblo es el depositario de la soberanía, misma que ejerce a través de los diferentes órganos de gobierno; sin embargo, antes de la entrada en vigor de esta Ley de Transparencia, al ciudadano no se le rendían cuentas adecuadamente, es decir, quedaba al libre arbitrio de las dependencias y entidades, la entrega de la información requerida.

Hoy en día, esa soberanía es efectivamente ejercida por el pueblo, a través de la ley de transparencia puede exigir a sus gobernantes que rindan cuentas de manera efectiva, ya que esa información debe ser del dominio público, claro, con las excepciones de reserva y confidencialidad que la misma ley establece.

La información sobre el uso y destino que se les da a los recursos públicos tiene un efecto directo en la democracia, ya que conduce a una adecuada rendición de cuentas, misma que da certidumbre y confianza a la sociedad.

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/Compilacion%20Juridica%20OSOS.pdf

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