RACIONALIDAD Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA LEGISLATIVA

RACIONALIDAD Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA LEGISLATIVA

En el estado de derecho positivista la ley logra alcanzar “el cénit de su importancia institucional, como producto de una voluntad contingente, no sometida a otros límites que la voluntad de los detentadores de la soberanía, pero …, esa misma implícita arbitrariedad le priva de su estrecha vinculación a la razón, que se va desplazando paulatinamente de la creación a la aplicación del derecho”, por tal razón vemos el número tan amplio de trabajos desarrollados acerca de la argumentación en la labor jurisdiccional.

Asimismo, “con la instauración de lo que ha sido llamado el estado de derecho constitucional la ley sufre… un nuevo embate, en este caso derivado de la pérdida de status consecuente con su necesaria acomodación a las prescripciones normativas constitucionales”, pues ahora su actividad en el Estado de Derecho se limita a ser reglamentaria del texto fundamental, además de tener que respetar los principios consagrados por la constitución. Así pues, “el Estado constitucional supone…un incremento en cuanto a la tarea justificativa de los órganos públicos y, por tanto, una mayor demanda de la argumentación jurídica”.

Ahora bien, sin duda uno de los más importantes elementos para la aceptación de cualquier tipo de orden estatal, la encontramos en la racionalidad del mandato, independientemente de la fuente de donde provenga: legislativa, administrativa (ejecutiva) o jurisdiccional. Las razones que sean aludidas para respaldar los mandatos estatales son un factor de gran relevancia para el acatamiento de tales prescripciones.

En nuestro caso, para la creación de las normas generales existe un procedimiento constitucional, pero además hay toda una fase previa la cual también debe regirse por la razón, denominada prelegislativa, nombre que no requiere mayor explicación, pues es claro que hace referencia a una etapa anterior a la propiamente legislativa.

Por otro lado, la actividad legislativa no escapa a los aspectos mínimos de racionalidad que se esperan de los actos humanos, pues como bien señala Matti Sintonen:

La racionalidad no es sólo una noción profundamente enraizada en nuestra imagen de nosotros mismos, sino que también constituye un importante principio en las ciencias humanas. Este principio – denominado Principio de Racionalidad– opera no sólo en la filosofía (incluyendo la ética y la filosofía social), sino también en psicología, sociología, antropología y algunos sectores de la arqueología, historia, educación, literatura y otras áreas de las humanidades y de las ciencias sociales.

Es así que la creación de normas, como elaboración humana, debe atender a este citado principio de racionalidad, mismo que se refleja en la forma como son argumentadas las leyes, ya en la etapa de investigación y fundamentación (prelegislativa), o bien, en la de confección de las normas (legislativa).

Las contemporáneas teorías de la argumentación jurídica se han centrado en la labor jurisdiccional, y en particular en la parte justificativa de la decisión judicial, debido a la importancia de la argumentación para apoyar la resolución (conclusión) a que se llega después de haber subsumido la premisa fáctica en la premisa normativa, o también, por los diversos problemas a que se enfrenta un juzgador cuando resuelve un caso difícil.

El presente trabajo tiene por objeto abordar dos temas cruciales en el ámbito legislativo: la racionalidad y la argumentación jurídica legislativa; para lo cual analizo el modelo de racionalidad legislativa, establecida por Manuel Atienza, en dos niveles de análisis: interno y externo. Además, señalaré, lo que autores como Luhmann, establecen acerca de la imposibilidad de una racionalidad legislativa; y también presentaré el llamado modelo de racionalidad legislativa operativa.

Asimismo, estableceré algunas notas esenciales acerca de lo que es argumentar y argumentación, para pasar inmediatamente al tema de la argumentación jurídica y los diversos contextos en que se desarrolla, en donde se incluye la legislativa. Ya en el tema de la argumentación legislativa, trataré dos de las tres fases que la integran: prelegislativa y legislativa (la tercera es la postlegislativa). Para concluir con algunas reflexiones finales.

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http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lix/racargu_jurleg.pdf

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