PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Este Protocolo es un instrumento para facilitar la respuesta y la gestión de toda actuación defensorial en aspectos relacionados con los derechos de las personas migrantes.

A fin de que las respuestas y actuaciones del personal de la CNDH sean más rápidas y eficientes para la protección de las personas migrantes como sujetos de derechos, en este documento se enuncian y concentran los más destacados principios de actuación a tener en cuenta en el desarrollo de sus funciones, el marco normativo en el que se establecen derechos de las personas migrantes, los posibles mecanismos de actuación del personal de la CNDH y, a modo de mejores prácticas, algunos Informes Especiales y Recomendaciones Generales, emitidos por la CNDH en esta materia.

Se incluyen en el Protocolo los instrumentos regionales e internacionales básicos para la protección de las personas titulares de los derechos.

El debido cumplimiento de estos instrumentos debe ser considerado en las actuaciones de la CNDH, en virtud del control de convencionalidad que le corresponde realizar a la Institución, dentro del ámbito de sus competencias. En esa línea, el personal de la CNDH en sus actuaciones debe favorecer, en todo tiempo, a las personas en la protección más amplia de sus derechos, desde una perspectiva transversal de género y un Enfoque en Derechos Humanos (EEDH).

El EEDH implica cuatro puntos: 1. empoderamiento de los titulares de derechos; 2. aplicación de los principios de derechos humanos; 3. transparencia y participación; y, 4. mecanismos de rendición de cuentas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, establece una cláusula de apertura de la Constitución al catálogo de derechos, para la incorporación de las normas internacionales de derechos humanos, la aplicación del control de convencionalidad y el principio pro persona:

“(…) todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (…)”.

Debemos subrayar que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado que el control de convencionalidad es una obligación de toda autoridad pública.

Así, por ejemplo, en el Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones, Sentencia de 24 de febrero de 2011.

Igualmente, para el control de convencionalidad se debe tener en cuenta el Caso Radilla Pacheco y la Resolución del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Expediente Varios 912/2010, de 14 de julio de 2011.

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Protocolo-Proteccion-Migrantes.pdf

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