La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

La discriminación racial ha sido la causa de graves flagelos a la humanidad y —debe decirse— la línea de pensamiento predominante hasta hace relativamente poco tiempo. Con cierta influencia europea, durante siglos predominó la idea de la superioridad de los grupos étnicos nórdicos de este continente, teoría que fue alimentada desde un ámbito con pretensiones seudocientí­ficas por el Conde de Gobineau, quien dedicaría diversos capítulos de su obra Essai sur l’inégalité des races humaines a predicar una diferencia permanente entre “razas” por supuestas cuestiones ­fisiológicas, intelectuales y culturales, con base en las cuales concluiría, con un equívoco fundamental, que las “razas blancas” (sic) son superiores.

A pesar de que hubo voces tímidas que pretendieron acallar la teoría de Gobineau, a la historia le tocaría demostrar, en la trágica experiencia humana, el error de su doctrina, transformada en ideología y práctica política cuya peor representación fue el nazismo hitleriano. La idea en abstracto de una “raza superior” (Herrenvolk), se llevó al terreno concreto mediante políticas y leyes con el ­fin de alcanzar la “pureza racial aria” que agredió a diversos grupos, pero principalmente a los judíos.

Esta terrible discriminación contra un grupo desencadenó la Segunda Guerra Mundial, y la idea de negación de la igualdad continuaría en el terrible azote del apartheid en Sudáfrica, así como en otros males que ha sufrido la humanidad.

A partir de la amarga experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional recapitularía y externaría su convencimiento de evitar los flagelos de los conflictos armados y sus causas.

Con estas miras, ni más ni menos, en la propia Carta de las Naciones Unidas se recogió, hace más de cincuenta años, el propósito de la comunidad de Estados: Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

El texto transcrito del mayor de los instrumentos internacionales no es otra cosa que la propia afirmación de la igualdad entre los personas, y debe recapitularse que esta inserción constituyó un vuelco a la noción tradicional de que los derechos humanos eran terreno exclusivo de la jurisdicción doméstica de los Estados. A partir de ese momento, los derechos esenciales de la persona se transformaron en una preocupación universal.

Unos años más tarde, y con mayor precisión, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 proclamaría desde su primer artículo que “[t]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Idea que continuaría en el siguiente artículo así:

“[t]oda persona tiene todos los derechos y libertades […] sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Pues bien, la primera parte sustantiva en el embate contra la discriminación racial ya había sido expresada en los dos instrumentos mencionados; sin embargo, habrían quedado pendientes las tareas de precisar la sustancia del derecho humano a la igualdad y plantar en tierra los mecanismos para hacer efectiva la prohibición a cualquier tipo de discriminación.

En términos concisos, quedaba clara la igualdad de todas las personas ante la ley en el texto, aunque se vislumbraría necesaria la actuación de los Estados para hacer efectiva su protección.

¿Por qué mencionamos el derecho a la igualdad y la no discriminación en el mismo contexto? Primero, porque es claro que tanto en instrumentos internacionales como nacionales está debidamente consagrada la igualdad y porque la discriminación puede cali­ficarse, de manera válida, como una forma agravada del principio de igualdad.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que “[l]a igualdad ante la ley establece la imposibilidad de que los Estados partes de la Convención den un tratamiento distingo o desigual a sus ciudadanos ante situaciones equivalentes”, salvo —como se verá más adelante— que exista una “justificación objetiva y razonable”.

Esto signifi­ca que los Estados podrán establecer leyes que se apliquen de manera diferente a ciertos grupos y que, en todo caso, la ley debe ser aplicada con igualdad, es decir, sin discriminación.

Esto puede aplicarse a la propia legislación; sin embargo, puede y debe discernirse que la discriminación a la que hacemos referencia en este folleto es más específi­ca y no generalizada por la legislación en sí misma: se trata de la diferenciación por motivos étnicos. Volviendo al tema: a pesar de consagrarse el derecho a la igualdad y la prohibición a la discriminación en instrumentos universales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la historia consideraría insuficiente el simple enunciado de la igualdad y habría de contemplarse un cruel escenario en distintos puntos del orbe, de los cuales el más visible fue encabezado por el apartheid en Sudáfrica. Ante este terrible fenómeno de desigualdad en la nación africana, la comunidad internacional intentaría dar respuesta.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas condenaría el colonialismo y todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañaban. A ello dedicó sus esfuerzos la Asamblea General de las Naciones Unidas (en adelante Asamblea General) en la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales del 14 de diciembre de 1960,5 en la que se proclamó la necesidad de ponerles ­n de manera rápida e incondicional.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CSUPDH5-1aReimpr.pdf

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