Derechos de los migrantes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Derechos de los migrantes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Actualmente, una de las realidades más complejas que se viven es la migración, la cual plantea retos sobresalientes para el derecho y para los derechos.

En ocasiones se violentan los derechos de las personas que legalmente y con autorización del Estado receptor o de tránsito permanecen en el territorio de éstos.

La situación se agrava cuando los migrantes no poseen la documentación necesaria, ni la autorización del país en cuestión. Este grupo de personas es víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos durante su estancia, aseguramiento y repatriación.

Aunado a lo anterior, tómese en cuenta que la mayoría de migrantes irregulares se trasladan en condiciones infrahumanas y de clandestinidad.

Es pertinente precisar que los Estados tienen la potestad soberana de regular sus fronteras, determinar sus políticas de migración y deportar a migrantes irregulares; nada de lo que aquí se diga debe entenderse en sentido contrario.

Pero también es obligación de todo Estado proteger los derechos de cualquier persona que se encuentre bajo su jurisdicción.

La observancia de los derechos humanos no se puede condicionar a una nacionalidad, documento, trámite administrativo o estatus migratorio.

Por ello es necesario verificar la constitucionalidad y convencionalidad de ciertos actos, omisiones y leyes de la autoridad, así como sus efectos en perjuicio de los derechos humanos de las personas que se encuentran en el territorio de un Estado independientemente de su situación migratoria.

A pesar de los grandes avances en la protección de los derechos humanos, es indudable que dichos derechos le son “negados” a un conjunto de personas que, en términos de Pogge, son los “pobres globales”.

Hay quienes sostienen que los derechos humanos fueron “concebido(s) como una tabla de mínimos”, pero, en múltiples ocasiones, parecen ser una tabla de “máximos que casi nadie alcanza”.

A nivel mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha constatado la ofensiva desigualdad prevaleciente en el planeta.

Sin duda, la pobreza es causa de violación de los derechos humanos: quienes viven en condiciones de pobreza son más susceptibles a sufrir violaciones de sus derechos. La pobreza es también consecuencia de la violación de los derechos humanos; en efecto, la negativa, la limitación o el menoscabo de derechos como el trabajo, un salario adecuado, la salud, la educación o la vivienda digna implican que quienes experimentan estas restricciones se vean “condenados” a la pobreza.

La pobreza, el desempleo y el subempleo constituyen claramente algunas de las causas estructurales de la migración. Las complicaciones actuales de la economía introducen factores relevantes para la complejidad del fenómeno migratorio.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2009 esta zona geográfica experimentó una caída del producto por habitante del 3 % en el contexto de una crisis internacional generalizada. También se produjo un deterioro de la situación laboral, con una caída de la tasa de ocupación del 55.1 % al 54.6 % y un aumento del desempleo del 7.3 % al 8.2 %. Así, la incidencia de la pobreza alcanzó a un 33.1 % de la población de la región, incluido un 13.3 % en condiciones de pobreza extrema o indigencia.

Estas cifras se traducen en 183 millones de personas pobres y 74 millones de indigentes. Frente a las realidades anteriores se requiere contribuir a la generación de respuestas o posibles respuestas a una problemática migratoria que, lejos de disminuir, amenaza con agravarse. La dinámica migratoria actual muestra que el número de migrantes indocumentados aumenta, aunque persistan y se endurezcan las medidas para su detención y se incrementen las violaciones a sus derechos.

En este marco, existen y actúan, con creciente impacto, jurisdicciones internacionales que conocen en forma subsidiaria y complementaria de las violaciones a derechos humanos cometidas en los Estados parte de los instrumentos internacionales que crean dichas jurisdicciones.

Aquí se inserta el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en forma clara y enfática —considerando que se trata de casos paradigmáticos— res pecto de la situación migratoria actual.

Sin embargo —hay que reconocerlo—, el proceso de posible recepción o diálogo entre la jurisdicción nacional e internacional no siempre es fácil ni fluido. Algunos Estados han sumado las directrices que constan en tratados internacionales sobre la materia y las que emiten los órganos encargados de su interpretación.

Pero en otros países se percibe una fuerte contradicción entre los compromisos de los Estados contraídos internacionalmente en ejercicio de su soberanía y las políticas públicas, legislación y resoluciones jurisdiccionales vigentes al interior de su territorio.

En muchos casos no se ha considerado que los derechos violados por acciones u omisiones de los gobiernos o de particulares (ante el consentimiento tácito u omisión del Estado) implican transgresiones a normas de jus cogens.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CSIDH_DerechosMigrantes-3aReimpr.pdf

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