DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS INTERNAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS INTERNAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero; 18, párrafo segundo, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XII, del artículo 6º, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que le faculta para supervisar el respeto a los derechos humanos en el Sistema Penitenciario del país; así como en la fracción VIII del mismo numeral, que prevé como atribución específica, el proponer a las diversas autoridades del país en el exclusivo ámbito de sus competencias, promuevan las modificaciones normativas y las prácticas administrativas que garanticen una mejor y más amplia protección de los derechos humanos, esta Comisión Nacional se ha dirigido a ello.

En virtud de que también se establece en el artículo 4º, constitucional el derecho a la protección de la salud para todas las personas, incluidas aquéllas que se encuentran en reclusión, este Organismo Nacional ha plasmado en diversos documentos el estado que guarda el derecho a la protección de la salud de la población interna, desde 1991, en Recomendaciones Particulares, Generales e Informes Especiales y en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, no siendo ajena a la delicada situación que implica la deficiente atención y acceso a los servicios de salud al interior de los centros penitenciarios, ello se evidencia en las 1,133 quejas recibidas por la Tercera Visitaduría General durante 2014, de las cuales 564 se referían a la omisión de proporcionar atención a la salud;1 en el mismo sentido, de enero a diciembre de 2015, se recibieron 1,513 quejas del sistema penitenciario en el país, de las cuales 1,151 se orientaron específicamente con relación a la violación al derecho a la protección de la salud de esta población, lo que equivale al 76.07% del total de las quejas recibidas por esa Visitaduría General durante 2015, otro antecedente se identifica en 2013 que se recibieron 1,235 quejas, de las cuales 500 fueron sobre el derecho a la protección de la salud en centros federales que representan el 25% del total.

Al privar de la libertad a una persona, el Estado detenta una sujeción especial sobre las que se encuentran bajo su custodia; en este sentido, debe cumplir la obligación positiva de proporcionar a cada una la asistencia médica necesaria, por ser garante de su integridad. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, “la obligación de tratar a las personas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano comprende, entre otras cosas, la prestación de cuidados médicos adecuados”.

Es evidente que las condiciones generales en las que se encuentra actualmente el sistema penitenciario en la República Mexicana, han derivado de una insuficiencia de recursos financieros, humanos, materiales y de instalaciones para poder ofrecer un servicio integral de calidad a las personas que se encuentran privadas de la libertad, situación que se ve refleja en el número de quejas que se presentan, donde se advierten complicaciones para acceder de manera efectiva al derecho a la protección de la salud.

Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se opone a las acciones que realizan las autoridades penitenciarias relativas a la ejecución de las penas y a la prisión preventiva, ya que dicha sujeción a prisión forma parte de la reparación en favor de la sociedad y la víctima del delito y, es la consecuencia del actuar delictivo de quién la purga, sino a que dichas acciones no se apeguen al marco normativo nacional e internacional de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, y si bien es cierto que la reinserción social es una labor fundamental del Estado mexicano, ello comprende que toda actuación de las autoridades que tienen asignada esa tarea deben velar por el trato a los internos con estricto apego a nuestro sistema jurídico.

Es por lo anterior que se reitera la obligación del Estado a garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad y por ello tener en todo momento, un conocimiento razonable del estado de salud de las personas que se encuentran bajo su régimen de sujeción especial, donde la falta de presupuesto o de personal no puede eximirle del cumplimiento de esa responsabilidad.

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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CPP4-Derecho-Proteccion-Salud.pdf

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