ANTECEDENTES PENALES

ANTECEDENTES PENALES

1. Atendiendo a la situación que actualmente prevalece en el sistema penitenciario mexicano, este Organismo Nacional implementó un programa para impulsar acciones encaminadas a reforzar la protección y observancia plena de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, orientados a asegurar su reinserción social efectiva.

2. Lo anterior, con fundamento en los artículos 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., fracciones VII y XIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los que se establecen como parte de sus atribuciones el “impulsar la observancia de los derechos humanos en el país”, así como “formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales, signados y ratificados por México en materia de derechos humanos”, lo que es concordante con el Artículo 15, fracción VIII del mismo ordenamiento, que señala la facultad y obligación del Titular de la Comisión Nacional para “formular las propuestas generales, conducentes a una mejor protección de los derechos humanos en el país”.

3. Así, mediante resolución del Consejo Consultivo del 5 de marzo de 2015, se aprobó un programa sobre “Pronunciamientos”, tendentes a fortalecer y garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas, en particular de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, como es el caso de quienes padecen violaciones a sus derechos humanos, por algún tema relacionado con el sistema penitenciario.

4. Atendiendo a los propósitos señalados, se formula el presente pronunciamiento sobre antecedentes penales de aquellas personas que se han encontrado en privación de la libertad.

5. Antes de entrar al estudio de la problemática que dio origen al presente documento, es pertinente señalar que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se opone a las acciones que realizan las autoridades en materia de seguridad pública relativas a mantener una base con estos datos para fines estadísticos u otros, que les sirvan para ejercer de una mejor manera la labor que realizan, como se señala en Artículo 27, fracción IV, inciso A, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; sino que dichas acciones, derivadas de criterios normativos contradictorios, afecten el ejercicio de derechos fundamentales de aquéllos que ya han saldado su deuda con la sociedad y desean reinsertarse socialmente de manera efectiva.

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fasPerfil-antecedentes-penales.pdf

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