La política educativa de México desde una perspectiva regional

La política educativa de México desde una perspectiva regional

En 2017, más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes (nna) fueron recibidos por cerca de 1.5 millones de docentes en casi 250 mil escuelas que conforman el tramo obligatorio del sistema educativo mexicano, el segundo más grande de la región latinoamericana por su dimensión.

Para que este sistema educativo cumpla, día a día, su función de garantizar el derecho a una educación de calidad a las nuevas generaciones, hay un conjunto de acciones de sostenimiento que proveen a esas escuelas, a sus docentes y a sus estudiantes los recursos necesarios para que los aprendizajes se hagan efectivos.

Estas acciones que mantienen vivo al sistema educativo —y que garantizan su continuidad— coexisten con otras que buscan redireccionarlo, promoviendo innovaciones y mejoras que fortalezcan la calidad de los aprendizajes y la equidad del sistema.

Las escuelas, con sus estudiantes, docentes y directivos, y toda la actividad de Estado que tiene como propósito sostenerlas y mejorar sus prácticas, constituyen la política educativa de México. Esta investigación tiene un doble objetivo: por un lado, describir, caracterizar y analizar la política educativa que impulsa el Estado mexicano en educación obligatoria; y, por el otro, situar dicha política en el contexto latinoamericano.

En el marco de esta investigación, se define a la política educativa en dos sentidos. En primer lugar, como el flujo articulado, regulado y direccionado de bienes, servicios y transferencias que se moviliza desde el Estado para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes desde el nivel preescolar hasta su graduación de la educación media superior, según lo establece el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) y la Ley General de Educación (lge). Este flujo de acción es, aun analizado desde el presente, el resultado de impulsos dados en diferentes momentos de la historia por diversos actores con peso político.

Se utiliza la expresión “flujo de acción” para destacar, en este punto, la dimensión material de la política educativa y, en particular, para dar cuenta de que la densidad y la modulación específica que manifiestan en el presente están signadas por los procesos de acumulación y desacumulación de recursos de Estado que tuvieron lugar a lo largo de su historia.

En segundo lugar, la política educativa alude también a la capacidad de los gobiernos para sostener, elaborar estrategias y direccionar la actividad de Estado hacia el logro de los objetivos propuestos. Se hace referencia aquí a la capacidad de definir y dotar de legitimidad un horizonte para la política, así como de liderar los procesos necesarios para transformar la realidad educativa en función de ese horizonte. Se enfatiza en esta segunda aproximación la idea de la política educativa en sus dimensiones simbólica y discursiva.

Quien asume en cada momento la responsabilidad de gobernar la política educativa se enfrenta con un sistema en pleno funcionamiento, con su dinámica y su historia, al cual se pretende mantener vivo y mejorar.

Avanzar hacia la consolidación de un sistema educativo capaz de universalizar el derecho a la educación implica operar sobre un espectro muy variado de elementos que lo configuran, pero que pueden ser estructurados en torno a grandes dimensiones: a) el currículo y los modelos de gestión curricular; b) la infraestructura, el equipamiento y la tecnología; c) los docentes, y d) el estudiantado. En última instancia, el derecho a la educación se realiza cuando el Estado logra generar y sostener las condiciones necesarias para que docentes y estudiantes interactúen provechosamente en el entorno escolar, en ese encuentro en que se da el proceso de aprendizaje.

En perspectiva, la política educativa cumple su objetivo si una cohorte de jóvenes egresa del sistema educativo con la certificación de haberlo transitado durante los 15 años que conforman la educación obligatoria, con el acervo de saberes objetivados y con las habilidades que contempla el currículo.

El Estado cumple su rol de garante del derecho a la educación cuando logra gobernar —direccionar y recrear— las interacciones en las que éste se realiza.

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https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1C236.pdf

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