Los abogados y la formación del Estado mexicano

Los abogados y la formación del Estado mexicano

“Juristen, böse Christen!” es un popular dicho alemán que podría traducirse como “¡Los juristas son cristianos malos” (y no meramente “malos cristianos”, aunque también incluye este sentido). Este dicho refleja una opinión que perdura hasta nuestros días y que se encuentra bastante extendida en las sociedades contemporáneas, aunque quizá ya sin la referencia religiosa. No faltará quien vaya más allá y vea a los juristas (o, popularmente, a los “abogados”) como un mal social que convendría extirpar sin miramientos.

Recordemos que en un famoso pasaje, Shakespeare hacer decir a uno de sus personajes, a propósito de una arenga de Jack Cade, cabecilla de una fracasada rebelión contra Enrique VI en 1450: “The first thing we do, let’s kill all the lawyers!” (“¡Lo primero que haremos será matar a todos los abogados!”).

En este caso, sin embargo, la referencia a los abogados es más ambigua, porque aquí se les considera como defensores del orden institucional establecido y justamente por ello constituyen un estorbo que los rebeldes pretenden eliminar.

La escasa simpatía social que despierta el gremio –sin juzgar si es merecida o no– encuentra su fundamento en el doble rol de la profesión: por un lado, los abogados son intermediarios entre la sociedad y las instituciones públicas, en particular el aparato de la justicia, pero, por el otro, también son representantes del poder establecido, porque trabajan con uno de los instrumentos primarios del Estado: la ley.

Más aún, la cercanía de los abogados con el Estado y sus leyes los ha llevado a convertirse en actores relevantes del proceso de construcción institucional, con lo cual se convierten también, de manera más o menos directa, en actores políticos. Es conocida la historia de cómo el redescubrimiento del derecho romano justinianeo en el siglo XII tuvo una influencia decisiva en la conformación de los órdenes jurídicos de la Europa continental.

Menos conocido es el hecho de que los juristas medievales, al emprender la reelaboración académica del derecho romano contenido en el Corpus Iuris Civilis, también estudiaron y debatieron muchas de las ideas políticas que contribuyeron al surgimiento del Estado moderno.

En relación con épocas más recientes, Terence Halliday y Lucien Karpik han promovido un proyecto de investigación basado en la hipótesis de que los abogados, como grupo profesional organizado e independiente, han desempeñado un papel histórico relevante en el surgimiento de lo que denominan el “liberalismo político”, un régimen caracterizado por la moderación del poder público, la defensa de los derechos del individuo, y la acción autónoma de la sociedad civil.

Tanto en épocas históricas como en la era contemporánea, al luchar por su independencia y autonomía profesionales, los abogados, en articulación con los jueces y otros juristas profesionales, conforman lo que ellos llaman el “complejo jurídico” que tiende a promover un régimen liberal y constitucional, aunque no siempre existen las condiciones favorables para ello, ni tampoco la abogacía logra superar en todas las circunstancias los problemas que aquejan a toda acción colectiva.

No se descarta entonces que muchos representantes de la profesión jurídica se pongan del lado de un poder arbitrario e injusto a la hora de las definiciones políticas. Recordemos el infame ejemplo de los juristas “oficiales” del nazismo, entre los que figuran nombres muy ilustres de la ciencia jurídica del siglo XX, como los de Carl Schmitt, Karl Larenz y Ernst Forsthoff.

Tampoco algunas instituciones que han ganado mucho prestigio por su defensa de los derechos fundamentales, como la Suprema Corte de los Estados Unidos, han escrito solamente páginas luminosas.

En nuestras latitudes, jueces y abogados no siempre han resistido los ataques a la libertad, pero también es cierto que en muchas ocasiones han defendido la institucionalidad del derecho con las débiles armas que han tenido a su alcance, preparando el terreno para la restauración del gobierno legítimo fundado en la ley. Lo anterior nos sugiere, entonces, una vinculación íntima entre el ejercicio profesional del derecho y la política, como ámbito cuya función es la producción de decisiones colectivas obligatorias.

Estas decisiones se elaboran y se aplican en el contexto de instituciones y procedimientos en cuyo diseño y operación intervienen con mucha frecuencia los abogados. Dicho en otras palabras: más allá del idealismo y los valores, los abogados tienen una importante presencia, cotidiana y rutinaria, en los más diversos ámbitos de la política y la administración.

La presente obra se propone explorar este papel público de la profesión en el periodo de la historia independiente de nuestro país. Aunque sabemos que el orden jurídico es un elemento definitorio y consustancial del Estado moderno, en el caso de México el derecho ha desempeñado un papel constitutivo más profundo en la construcción de sus instituciones, pues éstas han sido diseñadas primeramente en la ley, en momentos en los que ésta presenta escasa o nula correlación con el medio social existente, y por ello ha costado arduas luchas –e incluso mucha sangre– hacer de las instituciones ideales en las leyes y las constituciones, un cauce real de la convivencia social. Sergio López Ayllón resume agudamente esta circunstancia histórica señalando que, en México, la función de la ley es instituir primero, y regular, si acaso, después.

Revisando nuestra historia nacional, a la distancia se puede apreciar, sin embargo, que poco a poco hemos ido logrando que la irrealidad de las leyes de ayer se vaya convirtiendo en la realidad de las leyes de hoy, de modo que algunas de las batallas de entonces –para conquistar una república federal, representativa, democrática y laica (artículo 39 de la Constitución de 1917)– se han ganado definitivamente el día de hoy, si acaso con ocasionales escaramuzas en los márgenes.

Ante la proximidad de la celebración del bicentenario del inicio de la Independencia en 2010, los coordinadores de esta obra nos reunimos por primera vez en el año de 2007 para explorar la posibilidad de hacer una contribución académica original a tales festejos explorando la contribución de los abogados –en lo individual y lo colectivo– en la construcción de las instituciones del Estado mexicano. Convocamos a un numeroso grupo de estudiosos –juristas e historiadores, principalmente–, quienes aceptaron con entusiasmo participar en el proyecto.

Realizamos un par de reuniones preliminares para explicar las coordenadas generales de la obra y para identificar los temas y los personajes, así como para organizar las posibles contribuciones. En octubre de 2009 realizamos un seminario de tres días para presentar los trabajos ya avanzados y someterlos a la crítica y comentarios de nuestros pares, lo que ha contribuido, sin duda, a lograr una obra que alcanza un nivel elevado de originalidad y calidad.

No quisimos elaborar un marco teórico y conceptual único que se impusiera a los trabajos del proyecto, por considerar que éste era un primer esfuerzo del cual podrían derivar más y mejores estudios en el futuro, y los coordinadores esperamos vivamente que así sea.

Sin embargo, para el autor de estas líneas, los espléndidos trabajos reunidos en este volumen ilustran, ejemplifican y matizan la tesis central de Halliday y Karpik, pues incluso los abogados que la historia oficial ha descalificado como “conservadores” o “reaccionarios” hicieron también su contribución a la formación del Estado mexicano como un Estado fundado en la ley y organizado conforme a los parámetros políticos e institucionales del constitucionalismo moderno. Prácticamente ninguno de ellos pretendía conservar sin más las instituciones virreinales.

Una vez iniciado el proceso de independencia, el desacuerdo fundamental era de tipo ideológico e histórico, y tenía que ver esencialmente con el ritmo y la intensidad del cambio modernizador.8 A la distancia, estas diferencias se difuminan y se hacen borrosas, aunque no desaparecen todavía los prejuicios tradicionales.

Varios de los ensayos en esta obra abordan a algunos de estos personajes, y el lector podrá juzgar el valor de su contribución histórica. Además de ser una semilla de futuras investigaciones, esta obra complementa los ocho magníficos volúmenes que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en colaboración con la Editorial Porrúa, publicó para celebrar el bicentenario del inicio de la Independencia, con el título El derecho en México: dos siglos (1810-2010), 9 bajo la coordinación general de Sergio García Ramírez, así como los 34 volúmenes que, en colaboración con el Senado de la República, se redactaron para abordar la historia de las instituciones jurídicas de las entidades federativas, así como del propio Senado.

La presente obra le pone rostro, y quizá hasta algo de emoción, a esa misma historia, a través de los trabajos y tribulaciones de muchos juristas –tanto conocidos como desconocidos–, cuyos frutos podemos disfrutar el día de hoy.

Este volumen deberá ser previsiblemente acompañado, un poco más adelante, por un índice de los abogados estudiados o mencionados en él, así como por una bibliografía especializada, con el propósito de que ambos sirvan como instrumentos para las futuras investigaciones de que hemos hablado. Si logramos despertar el interés y la curiosidad de los lectores y los investigadores en estas materias, así como mostrar el carácter central que tiene el ejercicio del derecho en la construcción de la modernidad –eje central de nuestra historia bicentenaria–, habremos cumplido con creces los objetivos iniciales de nuestro proyecto.

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https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3535/33.pdf

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