La internacionalización de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por transformar los Estados latinoamericanos

La internacionalización de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por transformar los Estados latinoamericanos

Los cuatro países que estudiamos en Latinoamérica –Argentina, Brasil, Chile y México– son participantes plenos dentro de una industria global creciente que promueve la importación y la exportación del “Estado de derecho” (Carothers 1996, 1998, 1999; McClymont y Golub 2000; Metzger 1997; Pistor and Wellons 1999; Quigley 1997; Rose 1998; Widner 2001).

En África, Asia, Europa del Este y Latinoamérica, un floreciente entramado de consultores, reconocidos centros de investigación, fundaciones filantrópicas así como agencias nacionales y transnacionales, ha concluido que, cualquiera que sea el problema, una parte esencial de la solución reposa en mantener un poder judicial independiente y relativamente poderoso. Un “buen gobierno” exige la preservación de un Estado de derecho, así como de una serie de instituciones para conservarlo.

Parte de dicho entramado pretende promover un poder judicial independiente, el acceso a los tribunales, la abogacía de interés público al igual que mejores sentencias judiciales, con el objeto de proteger el medio ambiente, reducir la violencia en contra de las mujeres y controlar abusos por parte de la policía.

Otra parte invoca esencialmente los mismos ideales institucionales con el fin de garantizar la seguridad en las calles y promover inversiones financieras seguras. Incluso el desarrollo de unas elecciones políticas transparentes debe ser supuestamente garantizado por un poder judicial fuerte e independiente.

El derecho es nuevamente, al igual que en las décadas de los años 60 y 70, determinante en la agenda de desarrollo económico. El movimiento de “derecho y desarrollo” de los años 60 y 70, con una orientación similar, se propuso exportar una serie de prácticas e instituciones dirigidas a la implementación del Estado de derecho.

Y determinadas personas resultaron claramente beneficiadas con ello. Desde la perspectiva de una generación ulterior podemos ver que, por ejemplo, aquellos brasileños que consiguieron acceder a la acreditación, tecnologías legales y contactos estadounidenses, a través de programas financiados en la línea de derecho y desarrollo, lograron convertir estos activos norteamericanos en la base de promisorias carreras como intermediarios entre sus países de origen e inversionistas de empresas multinacionales.

No obstante, los esfuerzos por cambiar la situación del derecho en los países estudiados resultaron ser mucho menos exitosos. Las reformas prometidas en la educación y en la investigación jurídicas no se llevaron a cabo.

Las facultades de derecho continuaron siendo dominadas por profesores de cátedra temporales, dedicados a la política, al litigio, la judicatura, los negocios o a otras actividades. Como resultado, “el fracaso” de la tendencia de derecho y desarrollo ahora es comúnmente aceptado (Gardner 1980; Trubek y Galanter 1974).

Las críticas a esta postura hicieron énfasis en una cierta ingenuidad del movimiento, señalando que los promotores del proyecto habían impulsado de manera optimista sus propias agendas sin considerar cómo las mismas podrían llegar a interactuar con el poder estatal de los países fijados como blanco para el cambio. Sobre la solidez de estas críticas fue construido el movimiento para estudiar “el derecho en contexto” (Garth y Sterling 1998; Twining 1997).

A pesar de esta firme base para guardar escepticismo frente al proyecto –fundamentada en una conciencia de la importancia del contexto social y de la estructura de los Estados en los que operan las instituciones jurídicas–, la nueva ola del derecho y desarrollo, incluyendo a muchos de sus anteriores críticos, le presta poca atención a dicho contexto.

Ciertamente existen fervientes críticos a los esfuerzos por exportar el Estado de derecho, pero los mismos tienden a sostener que todo es cuestión de encontrar, simple y llanamente, el enfoque adecuado (Carothers 1998; Hammergren 1998; Lawyers Committee for Human Rights 1996).

Esta percepción relativamente optimista se da en especial, por paradójico que parezca, entre aquellos que se centran en estrategias jurídicas para supuestamente ayudar a los marginados –esto es, aquellos dedicados al derecho de intereses colectivos, a la abogacía progresista o la promoción jurídica de causas sociales, lo cual es identificado por Boaventura Santos como “el pilar emancipatorio” (Keck y Sikkink 1998; McClymont y Golub 2000; Santos 1995; Sarat y Scheingold 1998). Un programa jurídico adecuado, en su consideración, llevará a mejorar la posición de los marginados.

Desde nuestro punto de vista, este optimismo es parte del contexto social que debe ser explicado. Los participantes en esta empresa que busca exportar una agenda socialmente progresista o de otro modo reformista, tienden a ser caracterizados por una parcial ausencia de visión que se encuentra estructuralmente determinada por el hecho de quiénes son y por su fuerte convicción del papel que juegan.

Esta ausencia de visión también se encuentra relacionada con el hecho de que aunque Estados Unidos ha reemplazado a Europa como potencia imperial, el poder estadounidense proviene en parte de un antiimperialismo por mucho tiempo vestido con el ropaje de ideales benévolos (Smith 1994). Existen razones, entonces, para que la literatura del nuevo enfoque de derecho y desarrollo sostenga abiertamente una posición optimista que minimice nuevamente sus preocupaciones sobre el contexto social y las estructuras del poder estatal.

De este modo, esta tendencia se inclina a ignorar que, aun cuando logre ser “exitosa” en el sentido de ganar injerencia local, ciertas diferencias fundamentales en el papel que tiene la educación jurídica y, de manera más general, el lugar que tiene el derecho en el Estado, van a dar como resultado que, por ejemplo, cualquier impacto social práctico de la abogacía de interés público no sea el mismo en otras latitudes en comparación con el que tendría en Estados Unidos.

En lugar de condenar la nueva ola de derecho y desarrollo o insistir en el hecho de que está destinada al fracaso, queremos reanudar el interés por aquello que los críticos y los impulsores de este proyecto se han inclinado a desatender: el lugar del derecho en los contextos nacionales específicos hacia o desde los cuales el derecho es exportado o importado.

Las fallas protuberantes de la vieja ola de derecho y desarrollo –y las de su nueva versión– ponen en clara evidencia que el derecho no puede ser considerado meramente como un asunto técnico que consista en encontrar la práctica óptima o la más eficiente consultando algún manual.

Nuestra pretensión en este libro comienza con esta idea crítica. Esperamos, además, ir un poco más allá recordando a cada quien lo que se sostenía al respecto una generación atrás. Aspiramos a desarrollar un análisis social sólido acerca de cómo el derecho se relaciona con el ámbito del poder estatal y sus transformaciones y reproducciones a lo largo del tiempo. Tal análisis debe empezar por reconocer que el derecho se encuentra en el núcleo de los procesos que estructuran, construyen y reproducen el campo del poder.

Más concretamente, la importancia crucial de la posición del derecho radica en su relación con dos conjuntos de instituciones más o menos estrechamente ligadas, las facultades de derecho y el Estado.

Las facultades de derecho ocupan un lugar central en la reproducción del conocimiento, en la dinámica de las élites gobernantes y en las jerarquías establecidas entre las élites y las técnicas y los conocimientos especializados. Los esfuerzos por transformar las facultades de derecho, como aquellos emprendidos por las tendencias de derecho y desarrollo, inevitablemente tocan las fibras de la relativamente frágil tela del poder, de la legitimidad y la dominación anclada en las estructuras básicas de dichas facultades.

De este modo, con el objeto de entender qué pasa con las exportaciones de instituciones jurídicas, primero es necesario analizar en profundidad el modo como el derecho es construido, el equilibrio de poder que el mismo personifica y la posición del derecho en la reproducción del poder.

Concebido de esta manera, es claro que el problema de las importaciones y las exportaciones de diversas instituciones jurídicas debe ser visto como algo relevante internacionalmente, y como una cuestión de importancia doméstica en los países involucrados. Por ejemplo, el frágil equilibrio del Estado brasileño ha sido repetidamente desafiado a lo largo del siglo XX, tanto afuera como adentro del ámbito del derecho.

El derecho fue puesto a prueba, en parte, por cuanto un grupo relativamente conservador de abogados, cobijados bajo el manto de la legitimidad jurídica, afirmaron representar a las fuerzas sociales y a la sociedad brasileña en general. Personas ajenas al establecimiento y recién llegadas al mismo constantemente desafiaron dicha pretensión, ayudando a promover un ambiente de variables grados de confusión en la gobernabilidad y el ejercicio de la política.

Como parte de ese desafío y las sucesivas respuestas al mismo, los brasileños volvieron su mirada a los artículos provenientes del exterior, pero sólo llegarían a importar aquellos insumos que encajaban adecuadamente con sus estrategias locales.

De esta manera, el éxito del proceso de importación se encontraba inevitablemente atado a las luchas domésticas por el poder y a la competencia internacional para exportar técnicas y conocimientos estatales. El papel de la tendencia de derecho y desarrollo –hoy día y una generación atrás– exige entonces que se examine la combinación de fuerzas internas y externas –no solamente las internas y externas al derecho, sino también aquellas impulsadas nacional e internacionalmente–. De todas maneras el enfoque sobre el derecho irremediablemente trae consigo el escenario internacional, ya que el derecho siempre ha sido el vehículo a través del cual son conducidas las políticas coloniales. Varios abogados han prosperado como agentes intermediarios al servir como puntos de enlace entre el escenario local y el internacional, hablando alternadamente primero en un lado y posteriormente en el otro. Los países que analizamos en este libro –todos con una fuerte tradición jurídica proveniente del colonialismo– reflejan la vieja y estrecha relación histórica que guarda lo nacional con lo internacional.

La permanencia de élites a través del tiempo ha sido legitimada y construida a través de modelos tomados del exterior, lo cual durante varias décadas se ha manifestado en viajes selectos de la élite a París o a Coimbra para obtener un doctorado en derecho que de regreso asegure una posición influyente. Así, la educación europea reforzó los lazos propios del colonialismo aun cuando a su vez facilitó las bases para desafiar al colonialismo mismo, al menos en parte.

Esta relación de tipo colonial todavía continúa existiendo, pero el poder relativo de Europa ha disminuido. El derecho ahora se encuentra involucrado en una competencia entre Europa y Estados Unidos, en donde este último ha venido ganando influencia sobre la primera. Además, como en el pasado, los poderes globales líderes, incluyendo los Estados Unidos, tienden a exportar no sólo productos y enfoques específicos sino también sus luchas y contiendas internas, así como las estrategias respectivas para afrontarlas.

En el período que comenzó con el final de la Segunda Guerra Mundial, las políticas de la Guerra Fría en los Estados Unidos y los conflictos internos derivados de ella han tenido por regla general un vínculo estrecho con las estrategias de los Estados Unidos en el contexto internacional.

Tales estrategias de la Guerra Fría incluían dimensiones académicas e ideológicas fuertes –como puede verse en el título del texto de Walt Rostow publicado en 1960, Las fases del crecimiento económico: un manifiesto anticomunista–. La teoría económica adelantada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) fue formulada y movilizada como parte de la lucha contra el comunismo.

Este enfoque, que dio un papel crucial a la producción intelectual, también puede ser constatado en la Alianza para el Progreso, los programas de la Usaid y la Fundación Ford, la tendencia de derecho y desarrollo, la economía liberal, el movimiento de derechos humanos y otros escenarios. Estos programas de exportación, que han tenido una fuerte influencia en recientes transformaciones de Latinoamérica, son objeto de estudio de este libro.

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https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1656-la-internacionalizacion-de-las-luchas-por-el-poder-la-competencia-entre-abogados-y-economistas-por-transformar-los-estados-latinoamericanos

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