La personalidad jurídica en la desaparición forzada

La personalidad jurídica en la desaparición forzada

La aptitud de ser sujetos de derechos y obligaciones la podemos resumir en lo que tradicionalmente conocemos como personalidad jurídica, entendiendo ésta como el derecho a gozar de los derechos reconocidos por el Estado del que se es parte.

De tal importancia es la personalidad que el derecho internacional de los derechos humanos la ha considerado como un derecho humano, se pudiera decir que bajo el principio del ius positivismo es el derecho más importante, pues de él surge la capacidad para contraer derechos y obligaciones.

La exigibilidad de los derechos reconocidos a una persona por parte del Estado no es una situación sencilla, ya que ésta tiende a enfrentarse a diversas barreras que van complejizando su exigibilidad, incluso, llegando a constituir violaciones a los derechos humanos al intentar la exigibilidad de sus derechos.

Pero la garantía de los derechos de una persona desaparecida no es la única complejidad, puesto que nos encontramos frente a una situación en la que los derechos de terceras personas se podrían ver vulnerados, generando la necesaria ponderación de derechos.

En ese orden de ideas, imaginemos lo que ocurre con las personas que son sujetas a la desaparición forzada de persona que, sin lugar a dudas, es un crimen atroz que atenta contra la dignidad de la persona y de la sociedad en su conjunto ¿Qué ocurre con los derechos de las personas que son víctimas de desaparición forzada de persona? ¿Y con sus obligaciones? ¿Existe una forma de garantizar los derechos de las víctimas de un crimen tan atroz como lo es la desaparición forzada de persona? Nos es necesario recordar que la desaparición forzada de persona tiene como consecuencia la sustracción de la víctima de la protección de la ley, lo que sin duda es la expresión más clara del grado de vulneración que sufren los derechos de las víctimas.

Desde finales del 2006 México se ha situado en un contexto de violencia exacerbado en el que la estrategia de seguridad ha demostrado ser un fracaso y dejado como consecuencia un número aún indeterminado de víctimas entre las cuales se estima existen al menos 26,000 personas en calidad de desaparecidas sólo en el periodo del 2006 al 2012, según cifras oficiales presentadas por la Secretaría de Gobernación en febrero de 2013.1 La incertidumbre que existe actualmente en México sobre el paradero y/o la suerte de miles de víctimas de desaparición forzada de persona genera en sus seres queridos un acto de tortura constante que generalmente se ve reducido al dolor por no saber que ocurrió.

Existe una gama de actos violatorios de derechos humanos que engloban la criminal tragedia humanitaria que representa la desaparición forzada, desde la participación activa del Estado como perpetrador directo o cómplice hasta la desintegración de la familia de la víctima.

Pero generalmente se da por sentado que la violación de derechos que es predominante en una víctima de desaparición forzada se limita en su privación de la libertad sin tomar en cuenta la constelación de derechos que se le vulneran con dicho acto criminal.

Ante esto, una de las finalidades del fascículo es conocer la complejidad que representa la vulneración del reconocimiento a la personalidad jurídica de una víctima de desaparición forzada de persona, y tener una noción del porque es importante garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de la víctima.

También recordaremos que internacionalmente se ha reconocido que la desaparición forzada constituye un crimen de carácter de violación múltiple a los derechos que se han reconocido a dicho nivel, entre los que, sin lugar a dudas, se encuentra la personalidad jurídica de las víctimas. ¿Cómo puede una víctima de desaparición forzada obtener la protección de sus derechos laborales? ¿Cómo se puede garantizar la patria potestad de las y los hijos menores en relación con su padre o madre víctimas de desaparición forzada? Sin duda es enorme el reto que plantea la violación al derecho a la personalidad jurídica en las víctimas de desaparición forzada y requiere de la intervención no sólo del aparato gubernamental sino de la sociedad.

En la medida que se reconozca que la desaparición de una persona genera un trauma y vulneración a derechos sociales se podrán diseñar y ejecutar las medidas más adecuadas para intentar subsanar dicha situación.

En consecuencia, se analizara el planteado de la creación de una legislación que otorgue protección a las víctimas desaparecidas, es decir, una ley que proteja a quienes están sometidas a desaparición. Pudiendo sonar una medida controvertida, pues implica intentar garantizar los derechos de una persona que está fuera de la protección de la ley, como consecuencia del ilícito al que fue sometida. En México, en los últimos años, se abrió un fuerte debate para la creación de una ley que otorgara protección para quienes, como consecuencia de un delito o de violaciones a sus derechos humanos, se habían convertido en víctimas.

Discusión que finalizó el 9 enero de 2013 con la promulgación de una Ley General de Víctimas. En la citada ley se incorporaron al menos dos derechos para las personas que han sido desaparecidas, los cuales son el de ser buscadas al momento de sufrir una desaparición y el reconocimiento de la personalidad jurídica de la víctima.

Ahora bien, la protección de la personalidad jurídica tiende a ir más allá de la enunciación en un artículo de la ley; además, se requiere la creación de un texto normativo que por sí mismo precise con detalle las regulaciones que se deberán de llevar a cabo para otorgarle una mayor garantía de sus derechos a las víctimas desaparecidas.

Dada la complejidad del asunto que representan las desapariciones de personas en México y que ha sido un asunto que notoriamente ha generado una afectación a la sociedad, se han propuesto mecanismos legislativos para intentar dar garantía a quienes han sufrido el injusto de ser desaparecidas.

Asimismo, se realizará un análisis de la legislación que actualmente existe en nuestro país, que no por ser escasa, deja de ser importante, sino todo lo contrario, ya que algunas de estas normas están tratando de sentar un precedente garantista, con la activa participación en los procesos legislativos de los familiares de personas desaparecidas.

Finalmente, concluiremos con recomendaciones básicas para la elaboración de una ley que regule la declaración de ausencia por desaparición de persona, y que ambiciosamente pretende sean los estándares mínimos para dichos textos normativos.

DESCARGAR:

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Personalidad-Juridica_1.pdf

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*