PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA

Este Protocolo es un instrumento para facilitar la respuesta y la gestión de toda actuación defensorial contra la tortura y para la protección de los derechos de las víctimas.

A fin de que las respuestas y actuaciones del personal de la CNDH sean más rápidas y eficientes, en este documento se enuncian y concentran los más destacados principios de actuación a tener en cuenta en el desarrollo de sus funciones, los instrumentos internacionales y nacionales contra la tortura, los posibles mecanismos de actuación del personal de la CNDH y a modo de prácticas institucionales, las Recomendaciones Generales en esta materia y para las que hay que realizar actividades de verificación de su cumplimiento y/o seguimiento.

Se incluyen en el Protocolo los instrumentos regionales e internacionales básicos para la protección de las personas titulares de los derechos.

El debido cumplimiento de estos instrumentos debe ser considerado en las actuaciones de la CNDH, en virtud del control de convencionalidad que le corresponde realizar a la Institución, dentro del ámbito de sus competencias.

En esa línea, el personal de la CNDH en sus actuaciones debe favorecer en todo tiempo a las personas en la protección más amplia de sus derechos, desde una perspectiva transversal de género y un Enfoque en Derechos Humanos (EEDH). El EEDH implica cuatro puntos:

1. empoderamiento de los titulares de derechos;

2. aplicación de los principios de derechos humanos;

3. transparencia y participación; y,

4. mecanismos de rendición de cuentas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., establece una cláusula de apertura de la Constitución al catálogo de derechos, para la incorporación de las normas internacionales de derechos humanos y la aplicación del control de convencionalidad y el principio pro persona:

“[…] todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley […]”.

Debemos subrayar que tanto la Corte Suprema de Justicia de México como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado que el control de convencionalidad es una obligación de toda autoridad pública.

Así, por ejemplo, en el Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones, Sentencia de 24 de febrero de 2011, entre otras.

Igualmente, para el control de convencionalidad se debe tener en cuenta el Caso Radilla Pacheco y la Resolución del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Expediente Varios 912/2010, de 14 de julio de 2011.

Tesis Jurisprudencial 1a./J. 107/2012 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Principio pro persona. Criterio de selección de la norma de derecho fundamental aplicable.

“De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano.

Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación.

Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable –en materia de derechos humanos–, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción.

En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano”

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/69_victimas_de_tortura.pdf

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

*