Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Comentada

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Comentada

Agradezco la invitación de mi colega y amigo, Jorge Islas, para aportar unas líneas —lo único que yo podría— a la obra colectiva que coordina y que lleva como título Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Comentada, con el propósito de ofrecer a sus lectores el panorama de ciertos derechos del hombre y determinados deberes del Estado, contrapartida de aquéllos; derechos que hoy campean como nunca antes lo pudieron: a la transparencia en la conducta del gobernante, mandatario del pueblo, y a la rendición de cuentas, que permite cotejar el comportamiento con el mandato en el que se sustenta. Nada más, pero nada menos.

Hemos dado un giro de muchos grados a la relación entre el ser humano y el poder, instituido para servir a aquél. Armado de luz, el pueblo despeja el laberinto del poder y lo pone a su servicio. Luz es transparencia. Luz es divulgación. Luz es rendición de cuentas. Exigencias, todas, de la nueva insumisión del pueblo. Ya no vasallos, sino asamblea de ciudadanos. Asamblea exigente y expectante. Si la soberanía reside en el pueblo, éste puede ejercerla —y ahora quiere, vaya que quiere— por todos los medios a su alcance.

Con su nueva investidura, el pueblo llama a cuentas a sus mandatarios. Concede o niega su confianza. Confiere o retira autoridad. Las cosas cambiaron y así deben permanecer por todo el tiempo que venga.

Hoy es —así lo decimos con esperanza; espero que no con ingenuidad— tiempo de luz, de transparencia, de rendición de cuentas. Con ellas se establece, en un perseverante esfuerzo cotidiano, el cimiento actual de la autoridad legítima. Los que antes ignoraban todo, hoy quieren saber todo, o por lo menos lo que les atañe —directa o indirectamente— para encauzar su vida y alcanzar su destino.

En otras horas, el poderoso cifró su imperio en la violencia y en la ciencia; fue administrador de aquélla y dueño de ésta. Como señor de la ciencia, tuvo a la mano dos instrumentos formidables: las fórmulas de la ley, que solo entendieron los iniciados, y el supremo escudo del secreto, que mantuvo a salvo los motivos y las razones de su voluntad. Para el mando bastaba la palabra; no se necesitaba el argumento.

Al cabo de la gran insurgencia del ser humano —la verdadera insurgencia: la de los derechos humanos— iniciamos la elaboración de un nuevo lenguaje para recoger y expresar la voluntad popular.

También llegó su turno a los motivos y a las razones, iluminados ante la asamblea de ciudadanos dispuestos a ejercer un implacable escrutinio.

Este es el capítulo de la historia, siempre inconclusa y animada, que discurre bajo el rótulo de la democracia. El misterio dejó de ser instrumento de gobierno. Lo demolió el pueblo y tendió un nuevo cimiento para la ciudad del porvenir: transparencia y rendición de cuentas.

Norberto Bobbio señala que la publicidad de los actos del poder “representa el verdadero y propio momento de cambio en la transformación del Estado moderno de Estado absoluto en Estado de derecho”.

A partir de Kant —sigue diciendo el maestro italiano— “todas las acciones referentes al derecho de otros hombres cuya máxima no puede ser publicada, son injustas”.

Bobbio subraya que la publicidad de los actos gubernamentales constituye “en sí misma una forma de control, es un expediente que permite distinguir lo que es lícito de lo que es ilícito”.

Es así que existe un abismo entre la costumbre de la luz y el oficio de la oscuridad. Tendimos un puente sobre ese abismo, que transitamos con paso firme.

Hoy sabemos, exigimos, practicamos esa novedad democrática inscrita en el catálogo más formidable en que pudiera figurar el derecho humano de primera generación. Derecho humano a inquirir, saber, reclamar del Estado —un Leviatán sometido— el descubrimiento de lo que nos pertenece.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha localizado en la Convención Americana —el conocido Pacto de San José— una doble vertiente de la libertad de expresión, piedra fundamental de la democracia. Primero, derecho a difundir las ideas, como proyección individual de esa libertad. Luego, derecho a obtener información, que es la proyección social de la misma libertad.

La libertad de expresión se forma con ambos derechos. No va el uno sin el otro. Lo afirman muchas decisiones reiteradas de la jurisprudencia interamericana, intérprete de una Convención que ya ingresó al Derecho
mexicano.

Sus normas son, como las constitucionales, “ley suprema de la Unión”. Integran el bloque de constitucionalidad, otra novedad de estas horas.

En un caso señero, la Corte Interamericana aseguró el derecho de todas las personas a conocer la información pública en poder del Estado: caso Claude Reyes, de Chile (2006). Para requerirlo no es necesario ostentar un interés directo o una afectación personal.

Es derecho de todos, humano, fundamental, irrevocable, solo sujeto, como todos los derechos, a las fronteras propias de una sociedad democrática. En este ámbito, dominan los principios de transparencia, publicidad y máxima divulgación.

Obviamente, no se trata de inquirir en la vida privada, la estrictamente privada de otras personas. Ésta es un sagrario inviolable, como se dijo del hogar. Solo se trata de conocer lo que atañe a todos, y por lo tanto me atañe a mí.

Cuánto camino se ha recorrido, transitando laberintos, derruyendo murallas, derribando puertas para llegar a un punto en que la luz arrebatada por Prometeo al autócrata declinante, despejara las moradas del poder y las pusiera bajo la mirada del pueblo.

Esta es la transparencia, presupuesto de la divulgación y la rendición de cuentas. Derechos de todos. Deberes del Estado. Se hallan inscritos en el estatuto contemporáneo del ser humano, es decir, en el estatuto de todos. Y son condición de la democracia.

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https://www.itaipue.org.mx/pnt/documentos/1_Ley_General_de_Transparencia_Comentada.pdf?fbclid=IwAR1RlYnE6JkTbzzHew1x9KGJonTBd9Xcz2LMRst4YKLll8JuFgHx8eDCYOo

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