El derecho agrario mexicano y la Constitución de 1917

El derecho agrario mexicano y la Constitución de 1917

El estudio del derecho agrario ha sido objeto de numerosas obras que se han elaborado a través del tiempo y que han abordado diversos aspectos de esta rama jurídica, desde su definición —de la cual se han aportado diferentes conceptos a partir de varios enfoques—, pasando por su clasificación como una rama del derecho social, para distinguirlo del derecho privado y del público, hasta el análisis de su amplio objeto y el de los denominados sujetos agrarios, así como de su origen y prospectiva.

El propósito principal de este trabajo es investigar los vínculos entre el derecho agrario y el derecho constitucional mexicano, específicamente cómo se incorporaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya casi centenaria, los postulados revolucionarios que sustentaron los agraristas que participaron, de manera decidida, en la gesta de 1910 que culminó con la expedición de la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917.

Para cumplir el objetivo propuesto, se revisan, además de la definición del concepto que identifica esta rama del derecho, los elementos esenciales que caracterizan el derecho agrario de nuestro país, desde la perspectiva de su evolución histórica, ya que no podría entenderse la complejidad de sus instituciones, si no se adquiere el conocimiento de su origen dentro de nuestro devenir como nación.

Como parte de esta mirada y de manera somera, se alude a la situación general y más representativa de la organización agraria prehispánica, destacando los aspectos más relevantes relacionados con la Conquista, la distribución de la tenencia de la tierra durante la Colonia, el impacto de la lucha de Independencia, los efectos de la Reforma y la Revolución, hasta llegar al momento de la gestación de nuestra Norma Suprema, poniendo atención a los ordenamientos jurídicos que se fueron generando durante estas fases de nuestra historia.

Se hace un breve análisis de la Ley Agraria de 1915, como antecedente inmediato de la Constitución de 1917, por su innegable trascendencia en la incorporación del derecho agrario mexicano a la Constitución que nos rige.

Es precisamente en esta etapa cuando se formula el texto constitucional, en el cual se centra la mayor parte de este trabajo, que incursiona en el escrutinio del debate que se generó en el Congreso Constituyente.

Se abordan los argumentos expuestos a través de las destacadas voces de un grupo de apasionados mexicanos que, a partir de la propuesta del encargado del Poder Ejecutivo, don Venustiano Carranza, fueron construyendo las columnas que hoy sostienen el derecho agrario mexicano.

Para entender este proceso, se parte precisamente de la revisión del proyecto presentado por el encargado del Ejecutivo, el cual era, a juicio de los agraristas, insuficiente para dar respuesta a los planteamientos y demandas de la clase campesina que había aportado el mayor contingente a la Revolución y, por consiguiente, exigía que se cumplieran las promesas que le hicieron los revolucionarios por ese sacrificio.

Además, se advirtió que la propuesta carrancista no contenía los elementos requeridos para hacer frente al complejo problema agrario nacional, pues se limitaba a establecer los procedimientos para la restitución de los bienes a los pueblos que habían sido despojados, así como a dotar de ejidos a quienes carecían de tierras.

En seguida, dado el rechazo a la iniciativa del Primer Jefe, se pasa al análisis de la propuesta de la Comisión Especial encargada de formular otro proyecto que atendiera dichos reclamos.

Comisión integrada por un grupo de liberales moderados, cercanos a Carranza, que recoge las proposiciones de algunos diputados, también liberales, pero más radicales, que se identificaban con otros personajes destacados de la gesta revolucionaria, como los generales Álvaro Obregón, Emiliano Zapata y Francisco Villa.

Esta nueva iniciativa fue presentada ante la Primera Comisión de Constitución del Congreso Constituyente para su dictamen y, posteriormente, sometida a un intenso debate en el seno de la asamblea.

El dictamen a discusión contenía los aspectos que se consideraron más relevantes en relación con el problema de la propiedad rural, divididos en cuatro puntos torales:

1) si la propiedad debía considerarse como un derecho natural;

2) cuál debía ser la extensión de ese derecho;

3) quiénes tendrían capacidad reconocida para adquirir tierras, y

4) cuáles serían las bases generales para resolver el problema agrario.

La discusión de los temas fundamentales de la cuestión agraria fueron motivo de intensos pronunciamientos y acalorados discursos de los diputados constituyentes, que dieron contexto al marco en el que se inscribió el artículo 27 constitucional, el cual contiene las garantías sociales relativas al derecho a la propiedad en sus tres formas: ejidal, comunal y particular.

Los conceptos básicos que formaron parte de la temática de la iniciativa constitucional fueron:

La propiedad de la nación sobre las tierras y aguas y su facultad para transmitirla a particulares, para constituir la pequeña propiedad; la afectación de los latifundios; la expropiación y el pago indemnizatorio; la creación de ejidos por la vía de la restitución o de la dotación de tierras; el reconocimiento de las comunidades, en sus diferentes clasificaciones; la explotación colectiva e individual; el derecho de la nación sobre los recursos del subsuelo —minas y petróleo— y la posibilidad de concesionarlos a particulares, tanto nacionales como extranjeros; el derecho de los extranjeros para adquirir propiedades rústicas; las limitaciones a las iglesias con respecto a la propiedad sobre bienes raíces; la nacionalización de los templos e instalaciones para el culto religioso; las limitaciones a instituciones de beneficencia pública y privada, a sociedades mercantiles y bancos, en relación con propiedades rústicas.

También se abordaron los derechos de los pueblos indígenas para disfrutar en común sus tierras, bosques y aguas, y la nulidad de las diligencias y actos por medio de los cuales se había despojado a los pueblos de sus bienes.

Todos estos aspectos involucrados con el derecho de propiedad, fueron objeto de posicionamientos, observaciones y objeciones; a veces de agudas reflexiones, de insidiosos o irónicos ataques, o de apasionadas defensas.

Al final, tras 12 horas de trabajo legislativo, se obtuvo el texto original del artículo 27, que sintetiza el proceso histórico del agrarismo surgido en la Independencia, reorientado en la Reforma y alimentado por la Revolución, y que al mismo tiempo traza un nuevo rumbo, con innovados perfiles del moderno derecho agrario mexicano, incorporado y derivado de la Constitución de 1917.

Como resultado de este proceso, se resumen los principales cambios realizados en los preceptos emanados del texto constitucional original hasta la fecha, a partir del cual se revisa también cómo fueron evolucionando las normas jurídicas agrarias y las de la propia Constitución para dar cabida a nuevas instituciones que enriquecieron a la Reforma Agraria, producto de esta concepción, y como vía inicial para atender las demandas de justicia y bienestar de la clase campesina nacional.

A manera de conclusión, se hace una valoración de la situación actual que prevalece en el sector agrario nacional, derivada de los cambios jurídicos realizados en las últimas épocas, con la finalidad de identificar los nuevos retos que plantea esta cuestión y vislumbrar los nuevos derroteros que debe enfrentar el derecho agrario del siglo XXI en nuestro país.

Así pues, dispongámonos a realizar este periplo por la vía accidentada de la historia patria, para encontrar las huellas que nos permitan reproducir y comprender el perfil que identifica de manera clara los rasgos que conforman nuestro derecho agrario.

DESCARGAR:

https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Elderechoagrario.pdf?fbclid=IwAR3qeR_n8Uc_274sgqeKbggiqUMjfiyomoZxFIlG15sY-sZIa2U18Pq6OYI

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