El derecho a la privacidad

El derecho a la privacidad

LA DISTINCIÓN DE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO PARECE OBVIA. ES UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS NOTORIAS DE LAS SOCIEDADES MODERNAS Y, A PRIMERA VISTA, NO OFRECE NINGUNA DIFICULTAD. Podemos reconocer sin problema la diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, entre un funcionario público y un empleado de una compañía privada, sabemos que hay escuelas públicas y privadas, hay hospitales, bancos, medios de comunicación públicos y privados.

Igualmente, en lo que se refiere a nuestra vida individual distinguimos actividades públicas y privadas, sabemos que hay ciertas reglas para el comportamiento en los espacios públicos, por ejemplo, sabemos que nadie puede entrometerse en nuestros asuntos privados: ni leer nuestra correspondencia ni molestamos por nuestras creencias religiosas.

Ahora bien: en cuanto se trata de definir los términos con alguna precisión comienzan las dificultades. Una empresa es privada como lo es un domicilio, pero eso no significa exactamente lo mismo en los dos casos; una escuela puede ser pública como es pública la calle, el drenaje de las ciudades o la información sobre el presupuesto del gobierno, pero son cosas muy distintas. Con frecuencia sucede que las fronteras no sean del todo claras: llega a hacer falta la sentencia de un tribunal para decidir sobre los límites entre uno y otro ámbito.

Por otra parte, privado no quiere decir secreto, público no quiere decir abierto de modo inmediato e indiscriminado, para cualquiera. Nuestro sentido común dice que lo privado debe estar más o menos protegido, a salvo de cualquier intromisión, mientras que lo público debe ser visible, transparente; en la práctica, tenemos la sensación de que ocurre lo contrario: del gobierno en adelante, las instituciones públicas resultan oscuras, no podemos saber lo que sucede en ellas, mientras que nuestra vida privada está sujeta a toda clase de controles y sistemas de vigilancia. Por eso se quieren leyes que garanticen la transparencia, el acceso a la información pública, y leyes que protejan la privacidad. No es sencillo.

Esa aparente paradoja no es accidental. Corresponde a la naturaleza misma de las sociedades modernas. Hoy en día la técnica permite un control de la población que hasta hace poco era inimaginable; pero además es necesario que lo haya: de otro modo, sería imposible el cobro de impuestos, la regulación del tránsito, el registro de propiedades o la organización de los servicios de salud.

Por otro lado, el gobierno se hace también más complicado, hacen falta especialistas en todos los campos, una burocracia aparatosa, incomprensible para la mayoría, y hay temas que requieren cierta reserva, si no directamente el secreto.

La idea de distinguir con toda nitidez lo público de lo privado, hacer que lo público sea transparente y que lo privado esté a salvo de cualquier mirada indiscreta, es una idea ingenua, por decir lo menos. Pero tampoco es posible dejar de intentarlo. Decía Benjamín Constant, en un ensayo clásico, que la libertad de los antiguos, de los griegos, consistía en el derecho de participar en la vida pública, y que la libertad de los modernos, en cambio, consiste en el derecho de refugiarse en la vida privada, sin ser molestado por nadie. Sigue siendo cierto.

La libertad, para nosotros, estriba en que nos dejen en paz. Es importante la participación, sin duda, pero hay muchas razones para desconfiar de las instituciones públicas, por su capacidad para intervenir en la vida cotidiana, en cualquier asunto: sin la seguridad y la autonomía de un ámbito privado protegido por la ley, la libertad política no significa nada.

No obstante, si se mira con un poco de atención, nuestros sentimientos son bastante más ambiguos de lo que parece.

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