RETOS A LA EFICACIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

RETOS A LA EFICACIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

Una de las características más relevantes de la forma jurídico-política actual es la pretensión, recogida en numerosas constituciones, de que los poderes públicos actúen conforme a los derechos fundamentales.

Esta aspiración sólo se ha planteado a la vista de la insuficiencia mostrada por los procedimientos del Estado de Derecho y la democracia formal para oponerse con éxito a su vaciamiento y funcionalización en favor de ideologías y regímenes autoritarios.

De esa experiencia nace la necesidad de instituciones que garanticen el respeto de los poderes públicos hacia quienes se encuentren en el ámbito de su soberanía; que garanticen, por tanto, el respeto a los individuos y grupos con escasa o nula capacidad para constituir mayorías e incidir así en el gobierno y la legislación.

La voluntad de alcanzar este objetivo explica que el constitucionalismo posterior a la segunda guerra mundial ya no se contente con someter al Estado a la división de poderes y establecer los cauces para la creación de normas válidas, sino que condicione la validez de las normas a su respeto de la dignidad humana y los derechos vinculados a ella.

El afán de cumplir estos objetivos constituye el sustrato de decisiones esenciales de una Constitución tan ejemplar del estado de ánimo post-totalitario como es la Ley Fundamental de Bonn (1949, desde ahora LF).

En ella se establece que “la dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público” (art. 1.1), asimismo que “los derechos fundamentales (…) vinculan a los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial a título de derecho directamente aplicable” (art. 1.3).

El art. 10 de la Constitución Española de 1978 (desde ahora CE) sigue parcialmente el planteamiento alemán al afirmar que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Prescripciones como ésta se complementan con otras que se dirigen expresamente a los poderes públicos para someter su actuación a los derechos fundamentales. Así, en el art. 9.2 de la CE se señala que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. El art. 53 establece además que los derechos y libertades fundamentales “vinculan a todos los poderes públicos”, lo que significa que “cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de [tales] libertades y derechos (…) ante los Tribunales ordinarios (…) y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”. Con estos y otros preceptos de igual orientación se crean las vías para realizar lo que el artículo 1 de la CE afirma como una realidad ya dada: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”.

A la vista de estas breves referencias a las normas constitucionales vigentes es preciso preguntarse si la forma política alumbrada con ellas ha supuesto algún cambio verdaderamente radical respecto de la manera de proteger los derechos típica de las democracias liberales.

Para contestar a esta pregunta es necesario reconocer, siquiera en sus rasgos más generales, la configuración del modelo de Estado previo al auge de las ideologías totalitarias (que la doctrina ha calificado o bien como Estado liberal o bien como Estado legislativo de Derecho) para examinar después sus similitudes y diferencias con el modelo estatal perfilado en la posguerra mediante normas como las mencionadas y calificado como Estado Constitucional de Derecho.

Dado que el Estado legislativo de Derecho ha aparecido históricamente como Estado liberal, resulta tentador equiparar ambos modelos de Estado; la determinación clara de las líneas generales del Estado social facilita, sin embargo, distinguirlos. Las divergencias entre el Estado legislativo y el Estado constitucional no hay que buscarlas en el mayor o menor intervencionismo estatal, sino en las diferentes relaciones entre la Constitución, la ley y los derechos fundamentales que caracterizan ambos modelos; diferencias que, ciertamente, reflejan una importante mutación de la filosofía política subyacente al sistema jurídico.

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