LA LIBERTAD DE PRENSA EN MÉXICO; VOCES DESDE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
El Foro: “IMPUNIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN; SOLUCIÓN PARA LOS PERIODISTAS”, pone sobre la mesa diversas problemáticas que a nivel nacional obstaculizan la aplicación adecuada de las leyes que hacen efectivo el derecho a la libertad de expresión.
Dentro de este marco de discusión, la atención se focalizó en la actividad periodística, que al paso de las décadas, se ha tornado en una actividad de alto grado de peligrosidad en nuestro país, diversos grupos sociales de intereses diversos, fuera de la legalidad, ejercen el poder de modo arbitrario, limitando y empobreciendo la posibilidad de construir una sociedad democrática, sentada sobre las bases del respeto a los derechos de la libertad de expresión, prensa e información.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra constantemente confrontada con la realidad concreta que se vive en el país, poderes legítimos e ilegítimos se empeñan por contener información que atente contra el sitio que ocupan dentro de la sociedad y su incidencia sobre esta.
En este contexto, discutir sobre la federalización de los agravios contra periodistas, otra temática esencial en este foro, se torna nebulosa; debate la necesidad de configurar una estructura legal que legitime y asuma como importante el tratamiento de esta temática, para luego hacer efectiva la aplicación de la justicia, no a un nivel discrecional, sino público y real.
México se sitúa actualmente, como el segundo lugar a nivel mundial en grado de peligrosidad para la labor periodística a pesar de que se constituye sobre un Estado democrático, cuyo interés esencial radica en la defensa de los valores de la libertad y la igualdad como herramientas para la consolidación de un ambiente de derecho, que sancione cualquier atentado contra los valores antes mencionados.
Otra cuestión importante sobre la que versa este foro es la necesidad de hacer visible la condición en la que se encuentran los periodistas y comunicadores en nuestro país, de mensajeros de la información y portavoces imparciales de la sociedad se han convertido en un punto estratégico de control de la opinión pública. Como consecuencia de este fenómeno, existe cada vez más una auto censura en los medios de comunicación, que completa el espiral de la impunidad, debido a que si los mecanismos legales y estatales no frenan la violentación de los derechos a la libre expresión e información, los mismos agraviados deben implementar medidas para evitar ponerse en riesgo, ya sea de amenaza, desaparición o en su caso radical, muerte.
El aparato estatal no basta para asegurar el bienestar de sus ciudadanos, y es así como se construyen dinámicas independientes a la legalidad, que comienzan a regular la vida social de modo represivo. Callar las voces incómodas se torna un vehículo para el control social, que impide el desarrollo integral de sus sujetos y el bienestar colectivo en términos de justicia.
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